RDL 1/2021

El Gobierno atiende la petición de FACUA e incorpora la figura amplia del consumidor vulnerable

La asociación muestra su satisfacción por la inclusión en la normativa estatal de este concepto sea más amplio, flexible y no se circunscriba únicamente a criterios económicos.

El Gobierno atiende la petición de FACUA e incorpora la figura amplia del consumidor vulnerable

FACUA-Consumidores en Acción ha mostrado su satisfacción ante la inclusión de la figura amplia del consumidor vulnerable en la normativa de defensa de los derechos de los consumidores. El Gobierno atiende así la petición que la asociación hizo al Ministerio de Consumo en octubre de 2020 para que este concepto fuera más amplio, flexible y no se circunscribiera únicamente a criterios económicos.

Así lo ha hecho el Consejo de Ministros a través de la aprobación el pasado martes del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. "Más allá de la tradicional alusión a la situación económica de las personas consumidoras", señala el texto, "a la hora de determinar su situación de vulnerabilidad, se constatan diversas situaciones en las que, agravadas por la actual situación de crisis sanitaria, las circunstancias sociales o personales hacen que se encuentren en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección en sus relaciones de consumo".

FACUA espera sensibilidad en el conjunto de administraciones de ámbito estatal, autonómico y local para que, en el marco de sus respectivas competencias, elaboren normas que desarrollen la figura del consumidor vulnerable ante la compra y contratación de distintos tipos de productos y servicios.

La asociación ya trasladó al Ministerio de Consumo que dicha figura sólo existe para algunos sectores -como el eléctrico- y en algunas normativas autonómicas. Sin embargo, existen personas que por sus condiciones específicas -discapacidad, género, edad, etc.- pueden pertenecer a colectivos vulnerables que necesitan de especial protección.

FACUA advierte, no obstante, que a pesar de que esta inclusión supone un paso más en la garantía de la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, la normativa necesita un desarrollo más extenso y específico posterior. Por lo que habrá que esperar para ver cómo se desarrolla la aplicación de este nuevo real decreto.

Novedades en la Ley General de Defensa de los Consumidores

El Real Decreto-ley 1/2021 modifica el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, introduciendo el concepto de consumidor vulnerable, que hasta entonces no se recogía en el texto refundido de la Ley General para la de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y lo hace contemplando que puedan tener esta condición "cuando por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, aunque sea de forma territorial, sectorial o temporal, se encuentre en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad".

Asimismo, la nueva norma pretende dar más cobertura de defensa a los consumidores vulnerables al añadir, en el artículo 8 del RDL 1/2007, que gozarán de una especial atención, que será recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso. Serán los poderes públicos los que deberán garantizar en igualdad de condiciones los derechos de los usuarios.

Ante el aumento de prácticas desleales en las relaciones de consumo debido a la pandemia por la Covid-19, el texto atiende a la información, formación y educación que se le ofrece a los usuarios para garantizar que se cumplen sus derechos como consumidores, añadiendo en varios puntos del articulado el tener especial atención a los que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Así, en el artículo 17 del RDL 1/2007 incluye el prestar "especial atención a aquellos sectores que debido a su complejidad o características propias cuenten con mayor proporción de personas vulnerables entre sus clientes o usuarios".

Igualmente, en el articulo 18, destinado al etiquetado y presentación de los bienes y servicios, como el 20, que alude a la información necesaria que debe aparecer en la oferta comercial de bienes y servicios, recogen ahora la mención específica a informar adecuadamente, especialmente si el destinatario es una persona en situación de vulnerabilidad.

De igual modo ocurre con la información previa de los contratos, recogida en el artículo 60 del citado texto, que señala que "principalmente cuando se trate de personas consumidoras vulnerables, además de claros, comprensibles, veraces y suficientes, se facilitarán en un formato fácilmente accesible, garantizando en su caso la asistencia necesaria, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses".

Por otro lado, en cuanto a los principios generales que deben regir en las prácticas comerciales (artículo 19) señala que serán las políticas públicas que incidan en el ámbito del consumo y las prácticas comerciales orientadas a las personas consumidoras vulnerables las "destinadas a prever y remover, siempre que sea posible, las circunstancias que generan la situación de vulnerabilidad, así como a paliar sus efectos, en particular en relación con las comunicaciones comerciales o información precontractual facilitada, la atención post contractual o el acceso a bienes o servicios básicos". Asimismo, añade que en el sector de las telecomunicaciones y en el sector energético podrán establecerse normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección al consumidor y usuario.

Modificación del Real Decreto-ley 11/2020

El nuevo texto modifica también el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, "con objeto de dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda".

Así, se modifica el artículo 1 bis de esta norma añadiendo que "en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma".

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