FACUA Andalucía rechaza las nuevas tarifas de ITV para 2007

La Federación exige a la Dirección General de Industria que justifique y argumente la subida con una memoria económica.

La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha elaborado un informe por el que rechaza las nuevas tarifas de inspección técnica de vehículos (ITV) para el año 2007.

En dicho informe, presentado ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a través del trámite de audiencia del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, FACUA Andalucía denuncia que, ya que el servicio de inspección técnica de vehículos es una prestación ya implantada y consolidada en la Comunidad, para aprobar la nueva propuesta tarifaria es necesario presentar una memoria económica justificativa de las nueva subida.

Transcurridos más de 20 años desde que Andalucía asumiera competencias en este servicio, la Federación considera superada la fase de implantación del mismo. Por ello, FACUA Andalucía exige que la nueva propuesta tarifaria sea justificada y argumentada y, por lo tanto, se presente acompañada de una memoria económica que analice los costes del servicio y cuánto se quiere recaudar con su prestación, siempre teniendo en cuenta el propósito del servicio de ITV y su función de servicio público para el ciudadano.

Hasta este momento, la fijación de tarifas ha venido respondiendo a la necesidad de garantizar suficiente rentabilidad económica a las empresas prestatarias del servicio (Veiasa y empresas concesionarias) para favorecer el crecimiento y modernización de las mismas. En un principio, siguiendo criterios de calidad y servicio para el ciudadano, se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la red de estaciones, modernizar las instalaciones y adecuarlas a las nuevas exigencias de control y seguridad establecidas por la normativa.

Sin embargo, una vez consolidado el servicio en Andalucía, FACUA Andalucía exige que las tarifas que se propongan respondan a datos objetivos de coste del servicio, y no sólo pensando en los márgenes de beneficio de las empresas prestatarias del mismo. En este sentido, ya en el mismo trámite del ejercicio anterior se puso de manifiesto la necesidad de contar con la memoria económica justificativa para emitir un pronunciamiento justificado, petición que fue desatendida al igual que en esta ocasión.

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