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¿Dientes blancos sin ir al dentista? ¡Huye!

Ante la proliferación de productos estéticos a cuyo uso se les atribuye efectos similares a tratamientos médicos, las autoridades deberían vigilar la posible publicidad engañosa y sus efectos en la salud.

Por Miguel Ángel Serrano

Una simple búsqueda en Google, un paseo por Instagram o Facebook o incluso una tarde viendo la televisión es todo lo necesario para pensar (erróneamente) que, en materia de estética, no hace falta el asesoramiento o la intervención médica. El bombardeo es constante: cremas faciales antiarrugas a las que se les atribuyen unos efectos similares o muy próximos a un tratamiento médico-estético; suplementos alimenticios que prometen facilitar de forma cuasi milagrosa una gran pérdida de peso corporal; electroestimuladores que prometen lograr una pérdida de grasa similar a la realización de jornadas maratonianas de deporte sin prácticamente sudar, etc.

La joya de la corona son los blanqueamientos dentales. De entre toda esta clase de productos que se comercializan y, sobre todo, se publicitan como si de una especie de tratamiento médico se tratase, son especialmente llamativos los conocidos como blanqueadores dentales. Pastas de dientes de composiciones diversas, enjuagues bucales, tiras adhesivas que se colocan en los dientes, moldes con luces led... Multitud de productos que, anuncian, mejorará la imagen de los dientes sin necesidad de pasar por la consulta del dentista.

Al alcance de un clic aparecen, cada vez con más facilidad, encontrar productos a los que se les atribuyen cualidades muy parecidas, prácticamente iguales o idénticas (según la publicidad) a determinados tratamientos que deben ser ejecutados única y exclusivamente por profesionales con una cualificación técnica sanitaria concreta. Y uno de los sectores donde más se aprecia esta tendencia es el de la estética, a pesar de que existe una normativa que limita esta clase de prácticas, como es el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.

Las consecuencias de utilizar un blanqueador dental pensando que así el usuario se ahorra ir al dentista son muchas. Por un lado, la persona que esté adquiriendo este artículo realmente está siendo víctima de una publicidad engañosa, que le está haciendo pensar que con el producto que ha comprado va a obtener unos resultados que difícilmente podría lograr con su utilización, ya que lo que se está aplicando en su dentadura no posee la composición necesaria para conseguir el efecto blanqueador que está buscando.

FACUA ha presentado una batería de denuncias ante la publicidad ilícita de supuestos blanqueadores dentales.
FACUA ha presentado una batería de denuncias ante la publicidad ilícita de supuestos blanqueadores dentales.

 

Por otro lado, puede ser que el usuario sí obtenga los resultados que se le está prometiendo, porque el producto tiene una composición cercana o similar al tratamiento que aplicaría un profesional de la odontología, Sin embargo, al usar el blanqueador puede ver comprometida de alguna forma su salud buco dental, porque sus dientes y/o encías pueden resentirse o ser dañadas de alguna manera por no haber realizado un estudio previo de su situación ni una supervisión posterior de un especialista.

En este sentido, el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos, contempla que el uso de blanqueadores dentales que contengan entre 0,1 % y 6 % de peróxido de hidrógeno, presente o liberado por otros compuestos o mezclas en esos productos, puede ser seguro siempre y cuando, a fin de evitar el mal uso, se cumplan las condiciones siguientes: que se realice un examen clínico adecuado a fin de garantizar que no existen factores de riesgo o cualquier otra patología bucal y que la exposición a dichos productos sea limitada, de manera que se garantice que éstos sólo se utilizan según la frecuencia y la duración de la aplicación previstas. Además, en cada ciclo de utilización, el primer uso estará restringido a odontólogos cualificados, con arreglo al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, o tendrá lugar bajo su supervisión directa, siempre que se garantice un grado de seguridad equivalente. El tratamiento nunca podrá estar dirigido a menores de 18 años.

Y por si esto no fuera suficiente, diferentes colectivos de profesionales de la odontología llevan tiempo pronunciándose sobre los riesgos que pueden suponer para los consumidores la utilización de productos de esta naturaleza sin la correcta supervisión de un profesional cualificado.

Así, el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM) asegura en su página web que "los tratamientos de blanqueamiento dental, sin la necesaria supervisión y prescripción de un odontólogo/estomatólogo, entrañan importantes riesgos para la salud, que pueden tener graves repercusiones en colectivos vulnerables" y desaconseja "adquirir directamente productos blanqueadores sin el control, consejo o prescripción de un odontólogo/estomatólogo y, mucho menos, a través de Internet – en cuyo caso se desconoce la procedencia y composición de los productos".

El COEM insiste: "Quemaduras, alteraciones en las mucosas o sensibilidad dental u otros más graves, si se utilizan sustancias más nocivas y en casos en los que se desaconseja (menores, embarazadas, personas enfermas de diversas patologías, dentales o no dentales), son solo algunos de los efectos secundarios que los blanqueamientos dentales pueden tener para la salud si el tratamiento no es supervisado y suministrado por un profesional".

El auge de la popularidad de este tipo de productos tiene que ver con muchos factores, principalmente de carácter sociológico. Parece evidente que en la sociedad actual el aspecto físico tiene una gran relevancia, a lo que se suma que en España todo lo relacionado con odontología y medicina estética, salvo excepciones, se desarrolla en el sector privado y supone un elevado coste para el usuario que necesita o desea someterse a esta clase de tratamientos.

Estos hechos propician que múltiples usuarios terminen accediendo a esta clase de productos cuando los mensajes publicitarios con los que se promocionan prometen por un precio sustancialmente menor la posibilidad de lograr un efecto similar al que se alcanzaría con un tratamiento médico. Es especialmente preocupante en los menores de edad que pueden acceder sin dificultad a la compra de estos artículos.

Todo esto refuerza la necesidad de que las autoridades competentes, autonómicas y estatales, supervisen de forma minuciosa todos estos productos en dos sentidos. Primero, deben comprobar que cada uno de los productos que se publicitan tiene una composición que no presenta ninguna clase de peligro para la salud y la integridad física de los consumidores, teniendo en cuenta para ello tanto la edad de la persona que pueda comprar estos artículos como su condición física. Segundo, que la publicidad del producto no asegura la obtención de unos efectos que el artículo realmente no puede proporcionar.

El consumidor tiene que poder acceder a un mercado en el que los productos que adquiera presenten las suficientes garantías e información para que su uso no suponga ninguna clase de riesgo. Además, en ningún caso la adquisición del artículo sea debida a mensajes confusos, engañosos o incompletos. Son las administraciones públicas los encargados de velar por que los consumidores no sean víctimas de unos comportamientos empresariales incorrectos.

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Miguel Ángel Serrano es vicepresidente de FACUA.

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