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Listas de morosos y empresas gestoras de cobros: La pesadilla del consumidor

┐QuÚ ocurre con la protecciˇn de los datos personales de un usuario cuando es incluido en una lista de solvencia patrimonial?

Por Miguel ┴ngel Serrano

Desde hace años viene siendo habitual que si un consumidor se niega a realizar el pago de las facturas que emite una empresa por discrepancias con los importes recogidos en estas, se expone a que dicha empresa ceda sus datos a otros grupos empresariales con el propósito de que le presionen y que, finalmente, el usuario termine procediendo a su abono para evitar todas las consecuencias negativas que le puedan originar este tipo de prácticas.

Lo habitual, sobre todo por parte de las grandes empresas, es que los datos de su cliente supuestamente moroso se cedan a dos tipos de grupos empresariales: Por un lado, los conocidos como gestores de cobro y, por otro lado, las llamadas listas de solvencia patrimonial o “listas de morosos”.

El primer grupo suele encontrarse constituido por empresas que sólo obtienen beneficio si consiguen que el consumidor abone su supuesta deuda. Para ello, realizarán múltiples llamadas telefónicas al supuesto moroso, a cualquier hora y cualquier día, mandarán correos electrónicos y cartas exigiendo el pago de la supuesta deuda (amenazando en caso contrario con el inicio de acciones judiciales), e incluso en algunos casos intentarán recabar el número de teléfono de terceros cercanos a esta persona para informarles de la supuesta deuda que ha contraído su conocido.

El segundo grupo suele actuar de una forma más “discreta”, pero no por ello implicará consecuencias menos gravosas para el supuesto moroso. Este grupo de empresas se limita a incluir los datos del usuario en sus ficheros que, a su vez, pueden ser consultados por cualquier otra empresa que así lo desee. ¿Qué supone esta acción? Pues algo tan grave y sencillo como que si una persona que tiene sus datos incluidos en estos ficheros decide contratar un servicio con otra empresa (un préstamo bancario, una nueva línea de teléfono, etc.) pueda ser rechazado como cliente por su supuesto comportamiento moroso.

Estas actitudes empresariales pueden suponer múltiples consecuencias para los consumidores que las sufren, desde un trato inadecuado o contrario a normativa de sus datos personales, hasta el sufrimiento de daños de distinta naturaleza, lo que supone que cada caso tenga que ser evaluado y analizado de forma detallada.

En este texto únicamente realizaremos una primera aproximación a las consecuencias más habituales que pueden generarse a aquellos consumidores que se vean obligados a pasar por estas situaciones ya que, como indicábamos, la casuística puede ser muy variada.

¿Qué ocurre con la protección de los datos personales?

Sin lugar a dudas, una de las primeras cuestiones que puede plantearse por toda persona que esté leyendo estas líneas es ¿qué ocurre con la protección de los datos personales de los afectados por las listas de solvencia patrimonial y por las empresas gestoras de cobros?

Ante esta primera cuestión, debemos señalar que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, recoge en su artículo 20 que se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

"- que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés;

- que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes;

- que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe;

- que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la supuesta deuda;

- que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica;

- que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta".

Dicho sea con otras palabras, si la inclusión de los datos del usuario en un fichero de solvencia patrimonial no respeta lo recogido en esta norma, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) podría iniciar un expediente sancionador contra los responsables.

Cuestión distinta son las empresas gestoras de cobro, donde la AEPD se limita a afirmar en su página web que “son empresas que prestan servicios a terceras entidades y en virtud de ese servicio necesitan conocer datos personales de los clientes de la empresa que las ha contratado. Este acceso a los datos no puede considerarse una cesión o comunicación de datos personales, ni tampoco necesita del consentimiento de los titulares de los datos para tratarlos ya que el tratamiento que realiza una empresa de recobro deriva del servicio prestado al responsable del tratamiento. Para que el tratamiento de datos personales que realiza una empresa de recobro sea considerado legal desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, debe haber firmado previamente un contrato de prestación de servicios que le habilita para acceder a los datos personales del responsable y cuyas características están reguladas en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos”.

Por otro lado, en lo que respecta a los posibles daños que pueden sufrir los consumidores y usuarios por estas prácticas, pueden ser variados, desde una afección en su honor al verse cuestionada su solvencia, hasta daños de naturaleza patrimonial originados por la imposibilidad de acceder a la contratación de otros servicios por su inclusión en alguno de estos ficheros.

Vulneración al honor

En lo que respecta a la posible vulneración al honor, el Tribunal Supremo ha establecido que si la información que se recoge en las listas de solvencia patrimonial es falsa, cuando en estas listas se han recogido datos de una persona que realmente no es deudora, podemos encontrarnos ante una vulneración del honor del afectado que a su vez puede ser origen del sufrimiento de daños morales conforme a lo recogido en los artículos 7.7 y 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 4795/2004, de 5 de julio, señaló en su Fundamento Jurídico primero que “el RAI actúa como instrumento útil para las entidades bancarias al incluir en el mismo las personas que a su juicio resultan no pagadoras e incluso mal pagadoras y sirve para comunicarse entre si esta circunstancia que actúa como medida de advertencia para mantener o no relaciones bancarias con los inscritos como morosos. La inclusión en el RAI ya desde principio se presenta como una actuación sancionadora en potencia por las consecuencias de signo negativo que pueden afectar al inscrito en cuanto a sus relaciones comerciales futuras con las entidades bancarias y sobrepasa de forma afrentosa lo que podía ser seria y hasta necesaria información para la comunidad de negocios bancarios, cuando se basa en hechos no veraces, es decir que se ha producido la inclusión de quien efectivamente no resulta deudor, como aquí sucede, al que para nada se le comunicó que pasaba a formar parte de dicho registro de morosos (listados negros)".

"La sentencia recurrida", continúa, "declara como hechos probados -firmes en casación- que la Caja recurrente tuvo conocimiento suficiente y con antelación al envío de la nota de morosidad al RAI que las firmas que aparecían en el acepto de las cambiales no correspondían al demandante, es decir que habían sido falsificadas, pero esto no impidió ni contuvo a la entidad bancaria para la remisión de la nota de moroso, su incorporación al RAI y su publicación. De este modo la actuación de la recurrente no se corresponsabiliza con la verdad de los hechos, pues lo único cierto es el efectivo impago, pero no las demás circunstancias decisivas y relevantes que justificaban su rehuse. Estamos ante un uso bancario que se presenta como mal uso por extralimitado, imprudente y precipitado, y no cabe la protección de exoneración de responsabilidad que establece el artículo 2-2º de la Ley Orgánica 1/1982 -alegado como infringido en el motivo primero- ya que el RAI no cuenta con amparo legal suficiente y sólo es práctica bancaria que exige una correcta utilización, por lo que ha de rechazarse cuando se presenta abusiva y arbitraria como aquí sucede, ya que evidentemente la inclusión en el RAI resulta notoriamente indebida y no precisamente por error cuando era conocido que no se trataba de persona morosa".

"El motivo se rechaza, lo que determina la improcedencia del segundo en el que se denuncia vulneración del artículo 7-7º de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982 , para sostener que la inclusión del actor en el RAI no lleva consigo acto de divulgación alguna, argumento que no cabe aceptar, pues no se trataba de Registro propio, interno y cerrado de la Caja recurrente, sino plural para las entidades bancarias asociadas, con acceso al mismo de los empleados y personas interesadas. La divulgación no exige tenga que ser necesariamente por medio de la prensa, radio, televisión o cualquier medio de comunicación social, sino que como el vocablo indica se divulga un hecho cuando se propaga, revela o difunde al exterior y así como también cuando se facilita que el público pueda conocer la noticia”, finaliza.

Por su parte, las Audiencias Provinciales, como no podría ser de otro modo, han seguido la doctrina marcada por el Alto Tribunal, exigiendo que los datos recogidos en los ficheros de solvencia patrimonial deben ser correctos, pues en caso contrario podría estar vulnerándose el honor del afectado.

Como muestra, por todos, el Fundamento Jurídico noveno de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid número 231/2017, de 15 de junio, indica que “por todo ello, la inclusión equivocada o errónea de datos de una persona en un registro de morosos reviste gran trascendencia por sus efectos y por las consecuencias negativas que de ello se pueden derivar hacia la misma, de modo que la conducta de quien maneja estos datos debe ser de la máxima diligencia para evitar posibles errores. En suma, la información publicada o divulgada debe ser veraz, pues de no serlo debe reputarse contraria a la ley y, como acto ilícito, susceptible de causar daños a la persona a la que se refiere la incorrecta información. La veracidad de la información es pues el parámetro que condiciona la existencia o no de intromisión ilegítima en el derecho al honor”.

En cuanto a los daños de naturaleza patrimonial, el Alto Tribunal también ha estimado que estos deben ser indemnizados, tanto los que sean fácilmente verificables y cuantificables como los más difusos. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo número 81/2015, de 18 de febrero, contempla en su Fundamento Jurídico quinto que “este perjuicio indemnizable ha de incluir el daño patrimonial, y en él, tanto los daños patrimoniales concretos, fácilmente verificables y cuantificables (por ejemplo, el derivado de que el afectado hubiera tenido que pagar un mayor interés por conseguir financiación al estar incluidos sus datos personales en uno de estos registros), como los daños patrimoniales más difusos pero también reales e indemnizables, como son los derivados de la imposibilidad o dificultad para obtener crédito o contratar servicios (puesto que este tipo de registros está destinado justamente a advertir a los operadores económicos de los incumplimientos de obligaciones dinerarias de las personas cuyos datos han sido incluidos en ellos) y también los daños derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia personal y profesional causados por dicha inclusión en el registro, cuya cuantificación ha de ser necesariamente estimativa”.

Y al igual que ocurre con los daños en el honor por esta clase de prácticas, las Audiencias Provinciales han tenido en consideración la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aceptando la posibilidad de estimar indemnizaciones por daños patrimoniales por la inclusión indebida de datos personales en ficheros de solvencia patrimonial. De esta forma, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia número 54/2019, de 11 de febrero, indica en su Fundamento Jurídico cuarto que “desde luego, lo que no es correcto, en contra de la doctrina de la sala, es negar su existencia ante la dificultad de cuantificar el daño patrimonial".

"Como se ha expuesto anteriormente" -sigue la resolución- "hay que presumir la existencia del daño en atención a las circunstancias probadas, pues se deduce necesariamente y fatalmente de la conducta ilícita, como es el caso de la denegación de financiación bancaria. Al no existir una prueba precisa sobre la cuantía del daño patrimonial, este se ha de apreciar como difuso, y necesariamente se habrá de fijar, a efectos indemnizatorios, de modo estimativo. A tal fin, y teniendo en consideración la cuantía del préstamo solicitado, alrededor de 180.000 €, así como el desprestigio profesional y empresarial que supone para la solicitante su denegación, por encontrarse en un registro de morosos, se entiende adecuado, de modo estimativo, fijar la indemnización en 10.000 euros”.

Todo lo señalado implica que aunque, incomprensiblemente, exista una permisividad del ordenamiento y los poderes públicos a esta clase de comportamientos empresariales, a la posibilidad de que los datos de un consumidor puedan ser cedidos a listados de solvencia y/o empresas gestoras de cobros, en determinadas situaciones el usuario tendrá en su mano toda una serie de elementos con los que poder defenderse, entre los que se encuentran la posibilidad de iniciar acciones judiciales para exigir la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de estas prácticas.

Sin embargo, no debemos olvidar que la posición en la que se encuentra el consumidor en estas situaciones es de total y absoluta inferioridad, por lo que resulta indispensable que se articulen otros mecanismos por los que realmente se controlen los efectos nocivos que para los usuarios pueden tener este tipo de prácticas, que no dejan de ser más que la permisividad de que empresas privadas jueguen con datos personales que pueden ser especialmente sensibles (la situación o no de solvencia de un consumidor) y todo ello bajo autorizaciones previas que se conceden en contratos de adhesión sobre los que los consumidores no tienen ninguna clase de capacidad de negociación, más allá de aceptar o no la contratación del bien o servicio.

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Miguel Ángel Serrano es vicepresidente de FACUA.

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