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Tarifazo histórico

El Gobierno sigue sin cumplir la mayor parte de los compromisos que asumió al inicio de legislatura para reducir la factura de la luz.

Por Rubén Sánchez

Hacía 30 meses que el precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad no superaba los 17 céntimos, algo que ha vuelto a ocurrir en abril. Ese hecho, unido a que en el mismo mes de 2020 tuvimos la energía más barata en 16 años, ha provocado que este abril los consumidores hayamos sufrido la mayor subida interanual de la historia en el recibo de la luz.

En el último mes, el incremento en el precio medio del kWh ha sido de nada menos que el 70,7% con respecto a los 9,98 céntimos que pagamos en abril del año pasado. Son datos relativos a la tarifa semirregulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). La tarifa que ofertan los comercializadores de referencia impuetos por el Gobierno y la que es recomendable que tengamos contratada los consumidores, porque por muchos fuegos de artificio que hagan las eléctricas con sus ofertas engañosas en el mercado libre, éstas son más caras, salvo en momentos muy puntuales.

Los máximos históricos que ha alcanzado el precio del CO2 en Europa, que sigue siendo determinante para la configuración de las tarifas en el mercado mayorista español, han sido uno de los principales responsables del elevado precio de abril. La luz ha sido más cara que en marzo. Y marzo fue más caro que febrero.

Si realizamos la comparación interanual basándonos en los precios medios del kWh de los cuatro primeros meses de 2021 (14,92 céntimos) y de 2020 (11,85 céntimos), el incremento ha sido del 25,9%.

Subida del 104,6%

Con este escenario, resulta lamentable que el Gobierno no haya pisado el acelerador en el cumplimiento de los compromisos programáticos en materia de política energética firmados por PSOE y Unidas Podemos al comienzo de la legislatura. No son todos los reivindicados por FACUA, pero desde luego si se ejecutaran se produciría una importante bajada en el recibo de los consumidores domésticos.

Se trata, por un lado, de reducir el desproporcionado precio del kilovatio (kW) de potencia contratada, que durante los gobiernos del Partido Popular de Mariano Rajoy pasaron de 2,13 a 4,36 euros, lo que supuso una subida del 104,6%. Por otro, de aplicar un precio más bajo para los primeros kWh consumidos. Y por supuesto, eliminar la sobrerretribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión.

Más allá de esos compromisos del Ejecutivo de coalición, donde la máxima responsable de las políticas energéticas es la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, FACUA también viene reclamando una rebaja sustancial de los impuestos indirectos que se aplican a la factura eléctrica de las familias. Impuestos que superan el 27%, al sumarse el IVA general del 21% con el impuesto especial sobre la electricidad. Y por supuesto, hace falta una reforma de calado en el bono social, para que el descuento que representa sobre la tarifa semirregulada PVPC sea mayor y que muchos más consumidores tengan derecho a acceder a él.

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