La ministra Salgado en el Congreso: "conviene estudiar el coste del establecimiento de llamada y asegurar que se ajusta a los precios que las compañías van a imponer a los usuarios"

El diputado de CiU <b>Jordi Xuclà</b> se suma a FACUA al pedir en el Congreso una investigación sobre la legalidad de las nuevas tarifas de establecimiento de llamada.

El diputado de CiU Jordi Xuclà ha pedido esta tarde en el Congreso a la ministra de Sanidad y Consumo que "investigue" la subida del 25% en el precio de establecimiento de llamada que aplicarán Movistar, Vodafone y Orange ya que "la Ley [de mejora de la protección de los consumidores y usuarios] contempla que en ningún caso puede haber un incremento del [precio del] inicio del servicio si no hay un coste real que justifica ese incremento".

En su respuesta, Elena Salgado ha afirmado que "conviene estudiar el coste de ese establecimiento de llamada y asegurar que se ajusta a los precios que [las compañías]van a imponer a los usuarios".

Xuclà se ha sumado a la petición formal realizada el 24 de enero por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) al Ministerio un día después de conocer la subida del precio de establecimiento de llamada que aplicará Movistar, como después se supo que harían también Orange y Vodafone.

FACUA argumenta que estas tarifas en concreto pueden vulnerar la nueva Ley, que permite la "facturación por separado" de los costes que para las empresas "conlleve indisolublemente unido" el "inicio del servicio", pero sólo "cuando se adecuen al servicio efectivamente prestado".

La Federación planteó al Instituto Nacional del Consumo que la tarifa por establecimiento de comunicación no se ha fijado en 0,15 euros (ahora es de 0,12 euros) con el objetivo de adecuarla "al servicio efectivamente prestado", sino como parte de una estrategia para no dejar de ingresar, e incluso aumentar, las cantidades que antes provenían de los redondeos al alza en la facturación por tiempo.

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