Caso Magrudis: FACUA se opone a la desimputación de la inspectora municipal que pide la Fiscalía

El equipo jurídico de la asociación y los del resto de acusaciones que representan a afectados han presentado un escrito conjunto donde muestran su sorpresa ante la petición de la fiscal María Ángeles González.

Caso Magrudis: FACUA se opone a la desimputación de la inspectora municipal que pide la Fiscalía
Imagen: David Arjona/Efe.

El equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción y los letrados del resto de acusaciones del caso Magrudis (La Mechá) que representan a víctimas de la listeriosis que provocaron sus productos cárnicos han presentado un escrito conjunto en el que muestran su oposición a la solicitud de desimputación de la inspectora del Ayuntamiento de Sevilla y varios más de los investigados que ha planteado la Fiscalía.

"No podemos dejar de mostrar nuestra sorpresa ante la solicitud del Ministerio Fiscal del sobreseimiento provisional de determinadas personas, tras casi dos años de instrucción, y a las puertas del previsible auto de transformación, momento procesal oportuno para que pudiera haber dirigido su acción acusatoria contra los investigados que considerase oportuno", señalan las acusaciones en el escrito que han presentado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Por ello, las acusaciones dejan constancia de su "frontal rechazo al sobreseimiento provisional solicitado para todos los investigados relacionados en el escrito" que presentó el pasado 12 de abril la fiscal, María Ángeles González Roldán.

Las acusaciones advierten en su escrito de que "la petición de sobreseimiento provisional de varios de los investigados se basa exclusivamente en las palabras exculpatorias que pronunciaron en su declaración, cuando obran en las actuaciones indicios racionales de criminalidad que contradicen su versión exculpatoria".

En relación a la petición de desimputacion de la inspectora de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, las acusaciones advierten de que existe en autos documentación que permite acreditar, al menos con los elementos provisionales propios de cualquier procedimiento de instrucción, actuaciones por su parte que coadyuvaron a que Magrudis continuase con su producción, incumpliendo de forma flagrante la normativa destinada a la protección de la salud pública, y que desembocó en el grave brote de listeriosis sufrido por multitud de consumidores.

Así, las acusaciones sostienen que la documentación que obra en el sumario "permite vislumbrar la supuesta comisión dolosa por parte de la funcionaria municipal de un delito de falsedad documental en documento público u oficial y un delito de prevaricación".

En concreto, las acusaciones señalan que existen dos actas de inspección redactadas por la imputada con graves carencias y omisiones, las cuáles "permiten acreditar como de forma presuntamente deliberada le otorgó a las mercantiles imputadas, y a la actividad que éstas realizaban, una relajación en el control que las administraciones han de realizar sobre la misma que no correspondía, así como una extensión en el tiempo para realizar nuevas inspecciones, obviando igualmente determinadas carencias técnicas que debió conllevar el cese inmediato de la actividad mercantil y, con ello, evitar el brote de listeriosis".

Irregularidades en la primera inspección

En relación al primer acta de inspección, de 24 de noviembre de 2016, las acusaciones indican que en ella existen una serie de "hechos que revisten claramente los tipos penales" por los que la inspectora municipal se encuentra imputada. Y es que en el acta se omitió valorar el apartado relativo a la "Valoración de la Estructura". Ante esto, "no sólo es relevante que no exista potestad alguna para decidir qué apartados pueden ser cumplimentados y cuáles no", señalan las acusaciones en su escrito, sino que además recuerdan el literal de la instrucción de la Junta de Andalucía 118-2012 para la clasificación de establecimientos alimentarios en base al riesgo: "la valoración de la estructura se realizará evaluando el cumplimiento de los requisitos técnicos especificados en la normativa de aplicación y en el caso de que se observen incumplimientos, valorando el grado en que éstos puedan afectar a la seguridad de los alimentos".

Así, las acusaciones recuerdan a la jueza instructora que el Ayuntamiento de Sevilla ha emitido múltiples informes jurídicos que constatan diferentes incumplimientos por parte de Magrudis, entre los que se incluye la propia documentación técnica aportada por la mercantil. "Lógicamente, si en dicha inspección se hubiera analizado el cumplimiento de los requisitos técnicos a los que obliga la normativa de aplicación, se habría procedido a requerir a los responsables de la empresa para que procediese a su subsanación", señalan los letrados en su escrito. "A mayor abundamiento", continúan, "la llevanza de una producción cárnica sin los permisos correspondientes que acrediten el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y microbiológicas debió haber conllevado el cese de actividad de forma inmediata, impidiendo por tanto la aparición de brote de listeriosis".

Además, en su primer acta de inspección, la veterinaria municipal imputada llegó a indicar que la empresa "tiene el sistema de autocontrol pero falta cumplimentar las diferentes hojas de registro". Dicho de otro modo, señaló que Magrudis disponía de un documento de autocontrol con las pautas que han de realizarse para garantizar la seguridad de los productos y, sin embargo, acreditó que no se estaba cumpliendo con el mismo o, en su caso, estaban destruyendo las hojas registros que pueden ser fundamentales a la hora de valorar los peligros de los productos. "Pese a ello, no consta a esta parte que dicha inspectora hubiese llevado a cabo ninguna otra comprobación, o que hubiera incoado, o recomendado, expediente sancionador al respecto", advierten las acusaciones. "Además, ello debió ser motivo suficiente para paralizar la producción al no disponer de la documentación mínima exigible que acreditara que los productos que están poniéndose a disposición de los potenciales consumidores son seguros para su salud".

La segunda y última inspección

En cuanto a la segunda y última acta de inspección, realizada el 18 de julio de 2017, las acusaciones consideran relevante que "la inspectora ahora sí cumplimenta el apartado 2.b), calificándolo como EXCEPCIONAL". Es decir, la inspectora acreditó que la empresa cumplía con todos los requisitos técnicos obligatorios para el desarrollo de la actividad, lo cual "ha sido desmentido por la profusa prueba documental obrante en autos", recuerdan los letrados. "Nuevamente, de haberse realizado una correcta actividad inspectora, la consecuencia lógica podría llegar a haber sido el cese inmediato de la actividad mercantil, imposibilitando con ello el surgimiento del brote de listeriosis. No sólo ello, sino que una simple inspección ocular hubiera bastado para acreditar que la mercantil carecía de un simple contenedor de basura estanco de cierre hermético especial para los desechos orgánicos, lo que supone un grave incumplimiento al realizar la eliminación tales residuos en los contenedores municipales con el peligro biológico que ello supone".

Por otro lado, la inspectora sí omitió en esta acta la cumplimentación de uno de los apartados del modelo, en concreto el relativo a la "Confianza en la Gestión de la Dirección / Sistemas de control". Las acusaciones inciden en que dicho apartado resulta igualmente trascendental al valorar cuestiones como "el conocimiento técnico sobre higiene y seguridad de los alimentos", siendo relevante en relación a ello que principal responsable de Magrudis, José Antonio Marín, afirmara en su declaración desconocer qué habría de realizarse en caso de tener un positivo en listeria.

Por último, las acusaciones hacen una "especial mención" sobre esta acta de inspección a "la consideración por parte de la inspectora de que el ámbito de distribución de los alimentos comercializados por Magrudis era a escala municipal". Algo que no sólo contradecía la propia realidad, sino que suponía una rebaja a lo que había indicado en el acta de la inspección anterior, de 2016, "motivo más que suficiente como para que hubiese llevado a cabo una especial diligencia encaminada a controlar la realidad de tal afirmación". Con ello se adoptó la decisión de rebajar la categoría desde la A, que conlleva una frecuencia de inspección y de supervisión cada 6 y 12 meses respectivamente, a la C, que conlleva una inspección y supervisión cada 18 meses y 2 años respectivamente. "Se aligeró de forma artificiosa la carga inspectora del Ayuntamiento de Sevilla que, de haberse llevado en base a una mayor frecuencia a la indicada en la última acta de inspección, habría detectado los incumplimientos que han provocado el susodicho brote de listeriosis", concluyen los abogados de las acusaciones.

Manipulación de datos

Las acusaciones advierten de que la documentación analizada permite acreditar la presunta participación de la inspectora municipal en los hechos objeto de instrucción, "manipulando presuntamente de forma dolosa y con mala fe los datos en las diferentes actas de inspección con una clara y evidente finalidad: Dilatar en el tiempo las inspecciones que la misma ha de realizar en los inmuebles donde las investigadas realizaban su actividad mercantil a fin de aliviar de forma artificiosa la carga de trabajo de la inspectora, todo ello, como consecuencia de la falta de personal del Ayuntamiento para llevar a cabo esas labores de inspección y control, y por dejadez de la propia inspectora, en un evidente desprecio a su labor como profesional"

A mayor abundamiento, los abogados señalan en su escrito que la declaración de la inspectora no ayudó a aclarar los hechos y despejar las sospechas típicas evidenciadas en la documentación obrante en autos, "máxime cuando la misma se negó en rotundo a responder a las preguntas de las acusaciones particulares, no habiéndose realizado, por parte del Juzgado ni del Ministerio Fiscal, la totalidad de las preguntas necesarias para desvirtuar las sospechas de criminalidad".

El equipo jurídico de FACUA y los del resto de acusaciones que representan a víctimas de listerioris recuerdan en su escrito cuál es el criterio seguido por los tribunales en relación a la responsabilidad de las administraciones y sus empleados en la comisión de hechos susceptibles de reproche penal. "Así, la responsabilidad surge y es patente cuando la conducta de dicho empleado público o de la propia administración, sea por acción u omisión, permiten de forma deliberada conductas que pudieran haberse evitado de haberse actuado acorde a la normativa aplicable. Se da en aquellos casos en los que los servicios de la administración incurren en incumplimientos de sus responsabilidades graves, por ejemplo al omitir labores de inspección y el debido control, lo que hubiera evitado los hechos delictivos objeto de la presente causa"

La conducta de la inspectora municipal "favoreció la comisión del delito", señalan los abogados, "ya que es altamente probable que el cumplimiento de las obligaciones indicadas de inspección y control hubieran impedido el desarrollo de la actividad por parte de Magrudis, o al menos con total seguridad el desarrollo de la misma con las graves deficiencias detectadas en la presente instrucción". "La imputación de un hecho debe ser excluida cuando la conducta alternativa adecuada a derecho hubiera conducido con seguridad al mismo resultado, pero precisamente ello no se da en el presente caso. Consecuentemente los hechos pueden ser objetivamente imputados a la deficiente actuación y actos de omisión de la inspectora y por ende al Ayuntamiento de Sevilla, dado que la conducta alternativa hubiera evitado con seguridad las conductas de los acusados".

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