FACUA denuncia ante Industria a Movistar, Orange y Vodafone por amenazar a sus clientes con cobrarles hasta 150 euros si solicitan la baja

Ante la avalancha de consultas, la Federación ha puesto en marcha una página web, <i>FACUA.org/movilizate</i>, en cuya primera fase se dedica a asesorar a los usuarios sobre sus derechos.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha remitido una nueva denuncia contra Movistar, Orange y Vodafone, esta vez ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En ella, FACUA advierte que está recibiendo llamadas y correos de numerosos usuarios que advierten que los teleoperadores de las compañías les están amenazando con cobrarles hasta 150 euros si solicitan la baja por no aceptar la subida tarifaria que aplicarán en un mes y pide al organismo que además de tomar medidas contra las compañías informe públicamente a los usuarios sobre sus derechos.

Ante la avalancha de consultas que está recibiendo en sus oficinas, teléfonos y a través de Internet, la Federación ha puesto en marcha una página web, FACUA.org/movilizate, en cuya primera fase se dedica a asesorar a los usuarios sobre su derecho a darse de baja ante el incremento de las tarifas sin que por ello puedan ser penalizados por cancelar los posibles compromisos de permanencia suscritos en su día a cambio de recibir un móvil a precio bonificado.

FACUA recuerda que ante una subida de tarifas, el artículo 107 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, recoge "el derecho del abonado a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna en caso de no aceptación de las nuevas condiciones (contractuales)". Asimismo, la norma establece que "cualquier propuesta de modificación de las condiciones contractuales, incluidas las mencionadas en el artículo 105.2 [entre las que figuran los precios y otras condiciones económicas de los servicios] deberá ser comunicada al abonado con una antelación mínima de un mes".

En la denuncia, la Federación también pone de manifiesto que Movistar ya cometió las mismas irregularidades el pasado diciembre, cuando anunció una subida en las tarifas de las llamadas con destino a Yoigo y Euskaltel Móvil (que son ahora 0,06 euros más IVA más caras que el resto).

En esa fecha, FACUA también denunció a Movistar ante Telecomunicaciones por no haber informado a todos sus clientes de la subida tarifaria con al menos un mes de antelación ni indicándoles su derecho a darse de baja sin penalización alguna, como exige el citado Real Decreto.

Se trata de la tercera acción de FACUA ante las administraciones competentes del Gobierno central tras el anuncio de las subidas de tarifas por parte de Movistar, Orange y Vodafone.

Ayer 31 de enero, las denunció ante el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda ya que cree que existen claros indicios de la existencia de un pacto para mimetizar la estructura de su subida tarifaria a fin de mantener los ingresos que generaban los redondeos sin alterar el actual reparto del mercado.

El pasado 24 de enero, FACUA se dirigió al Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo al considerar que la subida del precio por establecimiento de llamada (que finalmente será de un 25% en las tres compañías) puede implicar una vulneración de la nueva Ley 44/2006, de 29 diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

FACUA considera que esta práctica confronta con los cambios introducidos por la nueva norma en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984. Concretamente, incorpora a su disposición adicional primera una nueva cláusula, la 7 bis, que a reglón seguido de prohibir los redondeos establece que "en aquellos sectores en los que el inicio del servicio conlleve indisolublemente unido un coste para las empresas o los profesionales no repercutido en el precio, no se considerará abusiva la facturación por separado de tales costes, cuando se adecuen al servicio efectivamente prestado".

Para FACUA, la tarifa por el establecimiento de cada llamada no se ha fijado en 0,15 euros con el objetivo de adecuarla "al servicio efectivamente prestado", sino como parte de una estrategia para no dejar de ingresar las cantidades que antes provenían de los redondeos al alza en la facturación por tiempo. Así, el precio fijado por el inicio de cada conversación no se ha establecido para recuperar los costes que representa para Movistar "el inicio del servicio", como requiere la nueva cláusula 7 bis de la Lgdcu.

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