El Senado pide al Gobierno que someta a autorización a las empresas de crédito privado

La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y pactada con todos los grupos, instó al Gobierno a la aprobación de una normativa en materia de crédito a los consumidores que tenga como finalidad incrementar la protección de los mismos.

El Pleno del Senado ha instado hoy al Gobierno, a través de una moción, a aprobar una normativa encaminada a someter a un régimen de autorización e intervención específico a las empresas de crédito privado que no tengan la categoría de establecimientos financieros de crédito.

La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y pactada con todos los grupos, instó al Gobierno a la aprobación de una normativa en materia de crédito a los consumidores que tenga como finalidad incrementar la protección de los mismos. La normativa debería establecer la inscripción obligatoria en un Registro Público de los prestamistas y de los intermediarios de créditos, y establecer un régimen de supervisión administrativa de los contratos tipos de las empresas de crédito privado.

En el texto aprobado por la Cámara Alta se pide al Ejecutivo que en la norma disponga de una regulación encaminada a ofrecer un régimen específico de transparencia, regulando la información precontractual que tales empresas deban poner a disposición de los consumidores con el fin de que estos dispongan de los datos más relevantes en el momento de contratar los diferentes productos y servicios.

Asimismo, la información señalada en el apartado anterior deberá recoger los aspectos relativos al capital que se presta o refinancia, los interés, comisiones, honorarios, recogiéndose en el supuesto de refinanciación la comparación entre la situación anterior y posterior, procediendo a su actualización financiera tomando como tasas de descuento el tipo o tipos de interés efectivo vigente en el momento del planteamiento de la operación.

El Senado también reclamó que se establezca un régimen de supervisión de los contratos tipos que utilizan los denominados intermediarios financieros que refinancian y reunifican deudas; que se definan y precisen los costes totales de la operación en cada contrato; y que se regule específicamente el derecho a la información del consumidor y de sus avalistas.

Además, los senadores pidieron al Gobierno que proceda a la regulación de un régimen de comunicación al Banco de España del tipo de interés aplicado a este tipo de operaciones así como de las comisiones y de cualquier otra medida encaminada a que se eviten situaciones de auténtica usura.

El senador del PP Javier Sánchez-Simón constató que el incremento del endeudamiento de las familias españolas es un hecho advertido tanto por el Banco de España, como por todos los analistas económicos y financieros, y está suponiendo la aparición de nuevas categorías de agentes y productos en mucho casos ajenos al sistema reglado.

La concesión de préstamos en menos de 24 horas con tipo de interés que pueden superar el 25%, prácticas comerciales claramente engañosas o la oferta de servicios que en lugar de un ahorro para el consumidor supone el efecto contrario, exige una respuesta de los poderes públicos a esta realidad, encaminada especialmente a la protección del consumidor fomentando la libertad de empresa y la competencia, según Sánchez-Simón.

La senadora del PSOE Yolanda Vicente indicó que se ha producido un incremento del endeudamiento en el sector privado y familiar porque el modelo de crecimiento se basaba en el aumento del consumo interno y la construcción.

El PSOE presentó una enmienda para fomentar la transparencia en las actuaciones y al solicitar un crédito al consumo, para evitar casos como el de Opening. Por su parte, el senador de CiU Lluís Badía defendió su enmienda para que quede claro para el consumidor el coste de la operación.

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