Cartel

La CE impone una multa récord de 992 millones a fabricantes de ascensores por pactar sus precios

El Ejecutivo comunitario dice que las empresas afectadas pueden renegociar los contratos de mantenimiento o pedir daños.

La Comisión Europea impuso hoy una multa récord de 992 millones de euros, la más alta de la historia, a cuatro grupos fabricantes de ascensores y escaleras mecánicas -Otis, Kone, Schindler y ThyssenKrupp, por haber constituido un cártel entre 1995 y 2004 para pactar los precios y repartirse el mercado en Alemania, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. La sanción impuesta a ThyssenKrupp se incrementó un 50% por tratarse de una empresa reincidente.

El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, explicó que el resultado de este cártel es que los consumidores, las autoridades públicas y los constructores "han sido estafados" porque los precios pagados por la instalación y el mantenimiento de los ascensores eran "muy superiores a lo que hubieran sido si hubiera habido un mercado competitivo".

Asimismo, señaló que los efectos del acuerdo ilegal se dejarán sentir "en los próximos 20 a 50 años" porque muchos de los fabricantes implicados obtienen sus beneficios del mantenimiento de los ascensores.

No obstante, el portavoz precisó que las empresas que hayan firmado contratos de mantenimiento durante los años que duró el cártel "tienen la opción de ir a los fabricantes y renegociarlos o acudir a un tribunal nacional y pedir daños y perjuicios a raíz de la decisión de la Comisión".

Todd indicó que el Ejecutivo comunitario sólo tiene pruebas de la existencia de este cártel en Alemania, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, lo cual no significa que su actividad no se haya extendido a otros Estados miembros, y puso el ejemplo de Austria, donde las autoridades de competencia también han impuesto multas por un cártel en el sector de los ascensores. "Corresponde a las autoridades nacionales de competencia nacionales verificar si esta actividad de cártel se ha producido también en su territorio", señaló.

El portavoz explicó que la instalación de los ascensores de la sede de la Comisión Europea en Bruselas y Luxemburgo se ha visto afectada también por este cártel, ya que fue realizada por una empresa común entre Schindler y Kone, aunque no avanzó si el Ejecutivo comunitario tratará de renegociar los contratos de mantenimiento.

El volumen de negocio del mercado de los ascensores y escaleras mecánicas en los 15 antiguos Estados miembros, incluyendo tanto instalación como mantenimiento, ascendió en 2003 a 7.000 millones de euros, según los datos del Ejecutivo comunitario.

Bruselas abrió la investigación por iniciativa propia a partir de informaciones recibidas cuyo origen no quiso desvelar. Ello desembocó, en enero de 2004, en inspecciones por sorpresa en los locales de fabricantes de ascensores en toda Europa. A raíz de estas actuaciones, varias sociedades reclamaron inmunidad a la Comisión a cambio de dar datos sobre el cártel. Las filiales de Kone se han beneficiado de esta inmunidad en Bélgica y Luxemburgo, y también se ha perdonado la multa a la filial holandesa de Otis por la colaboración con el Ejecutivo comunitario.

Según las pruebas reunidas por el Ejecutivo comunitario, los cuatro grupos sancionados se repartieron las licitaciones de contratos públicos pactando las ofertas con el objetivo de congelar las cuotas de mercado y fijar los precios. También intercambiaron información confidencial sobre estas licitaciones públicas, que incluían los ascensores y escaleras mecánicas destinadas a hospitales, estaciones de tren, centros comerciales o edificios comerciales.

En los cuatro países, los directivos de las empresas participaban en reuniones y discusiones regulares. Bruselas considera probado que las compañías conocían que su comportamiento era ilícito y por ello tomaban precauciones para evitar ser descubiertos. Sus representantes se reunían habitualmente en bares y restaurantes, en el campo, o incluso en el extranjero, y utilizaban tarjetas de prepago de teléfono móvil para evitar la identificación de las llamadas. En su respuesta al pliego de cargos de la Comisión, las empresas no han refutado estos hechos y ninguna de ellas ha solicitado una audiencia.

Este tipo de prácticas constituyen, según el Ejecutivo comunitario, una "infracción muy grave" a las reglas del Tratado. Las multas impuestas tienen en cuenta el tamaño de los mercados, la duración de la conducta ilegal y la talla de las empresas y afectan a 17 filiales de los grupos, y también a la división de ascensores de Mitsubishi en Países Bajos (2 millones de euros). La multa más fuerte va a ThyssenKrupp (479,6 millones), seguido de Otis (224,9 millones), Schindler (143,7 millones) y Kone (142,1 millones).

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