Hogar

El fallido modelo neoliberal del sistema eléctrico español

A los consumidores se nos vendió que seríamos los beneficiarios indiscutibles de la liberalización del sector. Dos décadas después, el cambio de sistema sólo nos ha empobrecido.

Por Olga Ruiz Legido

A mediados de los 90, la Unión Europea hace suyo el objetivo de crear un mercado único de la energía y publica las primeras Directivas para la liberalización del sector eléctrico y gasista en 1996 y 1998. Europa inicia la liberalización de las actividades de generación y comercialización con el objetivo de dinamizar las economías, impulsar nuevos negocios, avanzar hacia una gestión eficiente de las empresas y situar al consumidor en el centro del sistema, promoviendo una mayor calidad del servicio, precios mejores y más competitivos y un consumo eficiente. Estos fueron los argumentos oficiales; los extraoficiales quedaron en la trastienda, allí donde negocian los lobistas y sus peones gubernamentales.

"El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Su precio es un factor decisivo de la competitividad de buena parte de nuestra economía". Así iniciaba la exposición de motivos de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, norma que trasponía el marco regulatorio comunitario a nuestro ordenamiento jurídico y marcaba el impulso liberalizador del sector. Su objetivo era disminuir costes, abaratar precios, garantizar el suministro en condiciones de calidad y promover la sostenibilidad.

Para la consecución de dichos objetivos la norma partía de la premisa de que no es necesaria la intervención estatal en el sector y que la introducción de la competencia era un factor clave. La norma abandona definitivamente el concepto de suministro eléctrico como servicio público, tal y como estaba configurado hasta entonces, y lo sustituye por el concepto de servicio de interés económico general. La ideología neoliberal que inspira toda la reforma considera que garantizar el suministro eléctrico a toda la población, en condiciones de calidad y a precios asequibles, no requiere de la intervención del Estado. las leyes del mercado y la competencia harán su magia, y la regulación debe limitarse a lo imprescindible.

A los consumidores se nos vendió que seríamos los beneficiarios indiscutibles del cambio de modelo. La realidad, algo más de dos décadas después, ha sido otra bien distinta. Una realidad que nos muestra como hemos resultado ser los damnificados de un proceso de mercantilización de un servicio esencial y básico como es la energía eléctrica. Los consumidores asistimos impotentes a la escalada de los precios de la luz (cada nuevo día de este mes de agosto marca récord histórico), la calidad de los servicios no mejora (falta inversión y sobran cortes de suministro en muchas ciudades y zonas rurales), las reclamaciones contra las empresas eléctricas se incrementan cada año por prácticas abusivas y opacas en la contratación, la regulación del suministro adquiere cada vez mayor complejidad y lo aleja de la comprensión del consumidor medio, etc.

Y así, mientras la liberalización y privatización de la energía eléctrica ha ido mostrándonos cómo los objetivos de beneficiar a los consumidores no eran tales, la trastienda ha aflorado y nos ha enseñado cómo las eléctricas incrementan sus ganancias a ritmo de tarifazo y bajo continuas sospechas de manipulación del mercado.

Los beneficios de las tres grandes compañías energéticas sumaron en 2020 casi 6.000 millones de euros, en plena pandemia y con una economía a ralentí, y lo hicieron gracias a un sistema opaco y especulativo de fijación de precios, el pulso sostenido a los gobiernos y la reserva de algún que otro sillón en sus consejos de administración para estómagos agradecidos.

Y mientras crecen los beneficios del oligopolio eléctrico y reparten dividendos entre sus accionistas mercadeando con un suministro imprescindible para el desarrollo de una vida digna, aumenta la pobreza y la exclusión energética de muchas familias. Así, según datos de Eurostat de enero de 2020, la pobreza energética relacionada con la capacidad de los hogares de mantener una temperatura adecuada en la vivienda afecta al 9,1% de la población en España (el año anterior fue el 8%). 9 de cada 100 personas están muy lejos de llegar a la temperatura de entre 18 y 22 grados que recomienda la Organización Mundial de las Salud (OMS) en una vivienda en invierno y los 25 grados en verano. La pandemia ha empeorado esta situación y, durante 2021, el número de familias con dificultades para hacer frente a los recibos de la luz es previsible que esté siendo mayor.

Lo que se definió como servicio público esencial se convirtió en servicio económico de interés general, y no es baladí el cambio de concepto. La liberalización y privatización del sector energético promovida por la Unión Europea de los mercaderes alteró su naturaleza y las prioridades: se anteponen los intereses del mercado a las necesidades esenciales de la colectividad, priman los intereses del mercado a los intereses de los consumidores, de la ciudadanía en general. Un servicio que debía prestarse en condiciones de calidad, precios, seguridad y garantía de derechos que evitara situaciones de desequilibrio y desprotección ha pasado a ser el gran negocio de unos pocos y el sufrimiento de aquellos que no pueden pagarlo.

La complejidad y el entramado normativo que conforman el actual marco regulatorio del suministro y que se extiende a aspectos tan básicos para el consumidor como la contratación y le facturación del servicio, unido a una muy deficiente política de información a la ciudadanía de administraciones competentes y empresas del sector, son obstáculos añadidos para hacer accesible un servicio imprescindible.

¿No habrá gobierno que ponga freno a este despropósito? ¿Seremos capaces de reaccionar los consumidores ante el cruel abandono de nuestros gobernantes y el hurto sistemático de las empresas eléctricas por la vía del recibo eléctrico? El modelo neoliberal de liberalización y privatización del suministro eléctrico español es un modelo fallido para los consumidores, que los empobrece y genera desequilibrios estructurales. La energía eléctrica no puede estar en manos del mercado, sometida a sus reglas de maximización de beneficios y rentabilidad para unos pocos, mientras muchas familias tienen que optar entre comer o pagar la factura de la luz.

________

Olga Ruiz Legido es la presidenta de FACUA.

Hazte socio pleno o inicia sesión para leer el último Consumerismo
Ya somos 45.712