Condenada una vecina de Béjar (Salamanca) a dos años de cárcel por un delito de estafa con criptomonedas

Participaba en un fraude por la cual recibía paquetes de numeraciones de tarjetas bancarias pertenecientes a ciudadanos extranjeros previamente sustraídas para su uso fraudulento.

Condenada una vecina de Béjar (Salamanca) a dos años de cárcel por un delito de estafa con criptomonedas

La Audiencia de Salamanca ha impuesto una condena de dos años de prisión a una vecina de Béjar por un delito continuado de estafa cometida a través de una fasa casa de compraventa de criptomoneda que, en realidad, utilizaba para dar apariencia legal a su actividad fraudulenta mediante transacciones que realizaba con cargo a tarjetas bancarias ajenas.

La condena es fruto del acuerdo alcanzado entre la defensa de la estafadora y el Ministerio Fiscal y la misma, que ya es firme, fue dictada 'in voce' el día del juicio en la Audiencia Provincial de Salamanca, consistente en dos años de cárcel, multa de ocho meses -a razón de 4 euros al día- e inhabilitación especial para empleo o comercio por internet consistentes en gestión de terminal en punto de venta TPV y operaciones con monedas virtuales por tiempo de 5 años y al pago de las costas procesales.

La ahora condenada, concertada con personas no identificadas, participó en una defraudación por la cual recibía de estas terceras personas paquetes de numeraciones de tarjetas bancarias extranjeras, pertenecientes a ciudadanos extranjeros, previamente sustraídas para su uso fraudulento en una terminal de punto de venta ( TPV) virtual contratado por ella.

Este uso consistía en realizar transacciones a cargo de las tarjetas bancarias en la TPV virtual, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

La operativa fraudulenta incluyó la creación a nombre de la acusada del sitio web www.btcexch.eu, una falsa casa de compraventa de criptomonedas que era una copia de otros sitios web y no estaba operativa al público, con el fin de simular la acusada el ejercicio de una actividad profesional de manera legal, tener acceso a una terminal de punto de venta y asociarlo a cuentas bancarias con el fin de dar apariencia de legalidad a los cargos efectuados en las tarjetas obtenidas fraudulentamente.

En definitiva, con ello justificaba sus actividades fraudulentas y los ingresos percibidos ante terceros y ante el banco para contratar la TPV virtual.Este fue dado de alta en fecha 7 de mayo de 2016 y procesaba sus operaciones con Caja Rural de Salamanca.

Las cantidades defraudadas iban a parar a cuentas corrientes a nombre de la acusada destinadas a tal efecto, destacando una en la cual recibió ingresos por valor aproximado de 40.000 entre el 9 de septiembre de 2016 y el 12 de julio de 2017.

Una vez ingresadas las cantidades correspondientes a las transacciones, la acusada transfería el dinero a una cuenta a su nombre en la empresa-portal online de compraventa de criptomonedas llamada Kraken Payward LTD, ubicada en Reino Unido, con NUM004; y realizaba compra de moneda virtual.

Ello con el fin de transformar las ganancias obtenidas en moneda virtual para ocultar su origen ilícito, dificultar su seguimiento y transferirlas a otras personas con las que colaboraba. Asimismo, la acusada se apoderaba de una parte del botín obtenido, a razón de unos 1.000 euros al mes, para la satisfacción de su ilícito ánimo de lucro.

La citada cuenta realizó compras a Kraken Payward LTD, por valor aproximado de 30.000 euros entre el 8 de noviembre del 2016 y el 13 de julio del 2017. Consta que la acusada realizó un gasto en Kraken de 120.458 entre el 27 de junio del 2016 y el 13 de julio del 2017.

Según ha informado Redsys Servicios de Procesamiento SL, la acusada operaba con el número de comercio NUM005, procesando sus operaciones con la Caja Rural de Salamanca por medio de la TPV virtual, dado de alta en fecha el 7 de mayo de 2016. Por tales operaciones se constataron al menos 139 transacciones reportadas fraudulentamente por importe total de 55.504,70 euros.

Además, desde junio de 2017 hasta abril de 2018 se reputó un fraude confirmado de 57.000 euros. Asimismo, según ha informado Redsys, el terminal de punto de venta virtual contratado por la acusada habría tenido desde junio de 2017 unas transferencias consumadas a su favor de 136.964 euros ,si bien fueron intentadas un total de 301.999,94 euros. Éstas proceden de tarjetas de diversos países, teniendo el mismo patrón que las notificadas cómo fraudulentas.

Durante la entrada y registro practicado en fecha 11 de junio de 2018 en el domicilio de la acusada, ubicado en Béjar, la misma colaboró con los agentes de la autoridad en el esclarecimiento de los hechos, facilitando documentación, así como las contraseñas de acceso a su ordenador y correo electrónico.

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