Avanzando en la protección y defensa de los consumidores andaluces

Si hay algo de lo que me sienta especialmente satisfecho tras los dieciséis años que llevo al frente del Gobierno andaluz es, sin duda, del avance en materia de derechos sociales que nuestra comunidad ha experimentado en este tiempo. El crecimiento continuado de nuestra comunidad, avalado por catorce ejercicios consecutivos de balance positivo en el terreno económico, nos ha permitido avanzar de manera importante en justicia e igualdad social, articulando los mecanismos necesarios para que el Estado del Bienestar sea una realidad para toda la ciudadanía andaluza.

La defensa de los derechos sociales se ha convertido en una seña de identidad de la autonomía andaluza, que impregna el nuevo Estatuto de Andalucía, en mi opinión el de mayor calado social de los aprobados hasta ahora en el territorio español. El texto que se someterá a referéndum el próximo 18 de febrero incluye más derechos para todos los ciudadanos de la comunidad, al tiempo que profundiza en los ya reconocidos y garantizados en la Constitución.

Con el nuevo Estatuto, Andalucía se va a situar a la vanguardia en el desarrollo de los denominados derechos de nueva generación, que vinculan a los poderes públicos en su cumplimiento y que, en consecuencia, pueden ser reclamados por los ciudadanos ante los tribunales de justicia. Las Administraciones reforzamos, pues, nuestro compromiso con el bienestar de los ciudadanos en todos los ámbitos, incluso en los hasta ahora ajenos al texto estatutario como el consumo.

Por primera vez, la Carta Magna andaluza recoge aspectos de interés para consumidores y usuarios, fomenta el asociacionismo y promueve el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad. En su articulado, se fortalece la sociedad civil y se refuerzan las garantías de los consumidores a través de la información, la formación, la indemnización y la reparación del daño. Y esto va a ser así, en parte, gracias a que las asociaciones de consumidores y usuarios andaluces han participado activamente en la elaboración del nuevo Estatuto.

Se avanza, asimismo, mediante la asunción de competencias de especial trascendencia para los intereses de los consumidores y usuarios andaluces, ya que corresponderá a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materias fundamentales como la ordenación del crédito, la banca y los seguros. Además, a partir de la aprobación del nuevo texto, Andalucía podrá participar en los organismos económicos y sociales donde se debate, se analiza y se decide sobre asuntos frecuentemente demandados por los consumidores, tales como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o la Comisión del Mercado de Valores.

El nuevo Estatuto de Autonomía posibilitará, en definitiva, una protección y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios andaluces más efectiva y enfocada a sus necesidades actuales, en justa concordancia con el espíritu que ha guiado la reforma de nuestro texto estatutario, que no es otro que ofrecer una respuesta adecuada a los intereses, desafíos y expectativas de la sociedad andaluza del siglo XXI.

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