El nuevo Estatuto de Autonomía es poco ambicioso para el futuro de nuestra tierra

El Estatuto de Andalucía es la norma institucional básica de los andaluces y andaluzas, el instrumento para impulsar nuestro desarrollo económico, social y cultural.

Sin embargo, el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía emanado del Congreso de los Diputados es poco ambicioso para el futuro de nuestra tierra. De ahí que el Partido Andalucista, movido por el interés general de Andalucía, diga NO a un Estatuto que convierte a los andaluces y andaluzas en ciudadanos de segunda. Un Estatuto para el siglo XXI no puede significar nunca un paso atrás en las conquistas del 4 de diciembre de 1977 y del 28 de febrero de 1980. Entonces, Andalucía fue reconocida como una nacionalidad por la vía del artículo 151 y hoy nos apeamos del vagón de primera.

La reforma exigía profundizar en la identidad, el autogobierno y la financiación de Andalucía. Sin embargo, toda comparación con el nuevo Estatuto de Cataluña -la única de las comunidades históricas con un nuevo texto- nos deja muy mal parados, aunque este no es un debate nominalista. Sin embargo, los partidos del SÍ se han enrocado en un absurdo juego de palabras para definir la identidad de Andalucía bajo el término de realidad nacional.

El desarrollo económico de Andalucía dista bastante de la media estatal y europea. Soportamos altas tasas de desempleo, estamos entre los salarios medios más bajos, sufrimos altos índices de fracaso escolar, uno de cada cuatro residentes en Andalucía se halla por debajo del umbral de la pobreza, etc. Andalucía necesita infraestructuras, carreteras, colegios, una sanidad próxima y ágil, más y mejores servicios sociales,… y para que ello llegue con calidad se precisa una financiación adecuada y en igualdad de condiciones con el resto de los territorios del Estado. Pero el Congreso de los Diputados, con el voto favorable de los diputados andaluces, aprobó el artículo 206.5 del Estatuto de Cataluña que establece que: "El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación".

Para la posteridad vuelve a quedar la Adicional Segunda, la deuda histórica del Estado con Andalucía y un apartado novedoso en el nuevo texto como es la carta de derechos sociales y deberes de los andaluces recogida en el Título I (igualdad de género, mayores, menores, dignidad ante el proceso de la muerte, educación, salud, vivienda, trabajo,...) se queda en un acto de buena voluntad sin mayor trascendencia, pues mientras en Cataluña la tutela de estos derechos y deberes corresponde al Consejo de Garantías Estatutarias, en Andalucía se deja en manos de la jurisdicción correspondiente.

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