La intervención de los consumidores en la cadena alimentaria

La importancia del sector agroalimentario deriva no sólo de la necesidad de satisfacer y garantizar la alimentación adecuada de la población, sino también de sus profundas implicaciones sociales y medioambientales, su vinculación con el desarrollo y progreso del medio rural y su innegable valor estratégico para la economía nacional.

Con carácter general, una de las principales vulnerabilidades que presenta el sector agroalimentario responde a la diversidad de operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de los alimentos y a la propia configuración del mercado. El sector productivo se ve afectado por un alto grado de atomización en el que se integran empresas de pequeña dimensión, a la vez que la industria agroalimentaria la conforman grandes grupos empresariales españoles e internacionales, y en el sector de la distribución de este tipo de productos conviven grandes canales de venta organizados en torno a superficies de venta de gran tamaño con pequeñas de tipo familiar.

Esta configuración asimétrica del mercado evidencia la existencia de claros desequilibrios en el poder de negociación de que disponen los distintos operadores que intervienen en la cadena alimentaria. Desequilibrios que generan una falta de transparencia en la formación de precios y dan lugar a prácticas comerciales contrarias a la competencia, que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario, afectando de forma directa a los intereses de los consumidores y usuarios.

A lo anterior se añaden diversos factores que afectan con especial incidencia a productores primarios (entre otros, la elevación de costes de producción, fijos y variables, la propia naturaleza perecedera de los productos, la estacionalidad en el mercado, la rigidez en la demanda o el exceso de oferta en determinados momentos por la concurrencia de productos comunitarios y procedentes de terceros países). Estos confluyen con los ya referidos y que vienen a situarlos (particularmente, a agricultores y ganaderos) en una posición de mayor vulnerabilidad y dependencia que en otras áreas de actividad, exigiendo ello una intervención decidida por parte de los poderes públicos que efectivamente corrija tales distorsiones.

Aunque desde el pasado año 2013 existe en España una ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria (resultado de distintas iniciativas impulsadas por instituciones comunitarias y vigente desde el mes de enero de 2014), que aspira a garantizar el equilibrio de la cadena, una distribución sostenible del valor añadido entre los operadores que intervienen en la misma y una competencia justa, leal y efectiva que asegure un adecuado nivel de precios e informe, también, adecuadamente a los consumidores; lo cierto es que las medidas o instrumentos que hasta la fecha ha venido incorporando la citada norma (tanto en su versión originaria, como en sus sucesivas modificaciones) se han mostrado completamente insuficientes para la consecución de los propios objetivos que la misma persigue.

Desde hace años, agricultores y ganaderos vienen denunciando presiones y distorsiones en la cadena por parte de los grandes operadores de la industria y distribución alimentaria que impiden un reparto sostenible del valor añadido privando, además, a tales productores primarios de percibir un beneficio suficiente y acorde al desarrollo de su actividad.

Dicha circunstancia se ha visto agravada por el incremento en los últimos meses de los costes que asumen agricultores y ganaderos (entre otras causas, derivado de la subida progresiva del precio de la electricidad), dando lugar al impulso de concentraciones y movilizaciones periódicas que cuestionan el reparto del valor en la cadena y denuncian la situación de asfixia económica que afecta a numerosos productores primarios ante la imposibilidad de cubrir los gastos efectivos de producción.

Entretanto, desde el pasado mes de noviembre de 2020 ha venido tramitándose un proyecto de ley en sede parlamentaria que, con su reciente entrada en vigor el 16 de diciembre de 2021, ha modificado nuevamente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. No obstante, dicha modificación no ha venido precedida de un estudio exhaustivo del funcionamiento del mercado a nivel estatal y comunitario, de la situación de la cadena de producción, transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios, de todos los factores que intervienen en ella, de cómo se transmite toda esta información al consumidor final, y de los mecanismos que pudieran resultar más adecuados para garantizar la propia eficacia de la intervención pública.

Aunque puede valorarse positivamente la intencionalidad y los fines que persigue la modificación de la citada ley, no es menos cierto que los cambios normativos que lleva a cabo rehúsan apostar decisivamente por incorporar obligaciones que mejoren y refuercen la información que los consumidores disponemos en relación a los alimentos que adquirimos, de modo que podamos conocer bajo qué condiciones y cuánto se paga a los productores primarios y contribuir, por ende, a la adopción de decisiones de consumo responsables e informadas. Lo anterior, a pesar de que en varias ocasiones FACUA ha trasladado al Gobierno y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación el impulso de la regulación de un doble etiquetado obligatorio, que informe acerca del precio en origen de los alimentos y del de venta al público, y que facilite a los usuarios la toma de decisiones responsables de consumo.

Los consumidores jugamos un papel fundamental en la corrección de los desequilibrios que afectan a la cadena alimentaria, en tanto que, como destinatarias de los alimentos, podemos servirnos de nuestra capacidad de decisión y decantarnos por opciones que transformen las relaciones entre operadores y construyan otros modelos de producción-transformación-distribución-consumo-desecho de productos. De ahí que resulte imprescindible el impulso, tanto a nivel estatal como de la Unión Europea, de marcos normativos que aseguren la transparencia de los procesos de formación de precios de los alimentos, los márgenes de precios origen-destino, el lugar de origen de los productos, las condiciones en que se han producido y que garanticen el acceso a los consumidores a información suficiente sobre tales extremos.

La puesta en marcha de reformas normativas a nivel estatal y comunitario en materia de etiquetado, publicidad y comunicaciones comerciales que refuercen la información de los consumidores en relación a los aspectos antes referidos puede configurarse como un verdadero mecanismo que contribuya a asegurar la transparencia y un mayor equilibrio en el funcionamiento de la cadena alimentaria, garantizando un valor añadido sostenible para todos los operadores que facilite un aumento de su competitividad global e, igualmente, revierta en el precio que los usuarios abonan por la adquisición de los alimentos y en la calidad de los mismos.

Sin perjuicio de lo expresado, todo ello debe acompañarse necesariamente del refuerzo de controles por parte de las distintas autoridades competentes y de políticas activas para la detección eficaz de los incumplimientos en que incurran los operadores en la cadena y para la imposición de sanciones adecuadas, proporcionales y verdaderamente disuasorias.

________

Jesús Benítez es abogado y miembro del equipo jurídico de FACUA.