El Congreso debate si admite a trámite la propuesta de ley de vivienda de las entidades sociales

Más de 120 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FACUA, presentaron en septiembre un texto con medidas para acabar con miles de desahucios protegiendo a los más vulnerables y regular los alquileres.

El Congreso debate si admite a trámite la propuesta de ley de vivienda de las entidades sociales

El Congreso de los Diputados debate este martes 14 de diciembre si admite a trámite la propuesta de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada que registraron el pasado mes de septiembre más de 120 entidades y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra FACUA-Consumidores en Acción.

Esta ley de vivienda alternativa fue elaborada por las principales organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, los sindicatos laborales mayoritarios y un gran abanico de organizaciones sociales y contó con el apoyo de los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Junts, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG y Nueva Canarias, que se espera ahora que voten a favor de la admisión a trámite. Según informan medios de comunicación, a la espera de que se conozca la posición del PSOE, el rechazo vendrá seguro por parte de PP, Vox y Ciudadanos.

En este sentido, las entidades sociales ya exigieron al PSOE que se pusiera del lado de la ciudadanía y allanase el camino para la aprobación de la normativa, agilizando su paso por la Mesa del Congreso y dando luz verde a su tramitación.

El contenido de la ley

Esta proposición de ley se desarrolla en cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos, así como del propio mandato constitucional, para garantizar el derecho a la vivienda y eliminar las trabas que impiden a cientos de miles de ciudadanos el acceso a una vivienda adecuada y digna.

Así, el texto establece el derecho a la vivienda como derecho subjetivo exigible para asegurar su protección y se establecen nuevas garantías judiciales, muy definidas, para evitar el abuso de derecho contra los habitantes susceptibles de desahucio, lo que ha sido condenado reiteradamente por los Tribunales de Justicia Europeos y el Comité DESC de Naciones Unidas.

En materia de desahucios, la ley prohíbe efectuarlos a personas o familias vulnerables mientras no haya garantía de un realojo digno y adecuado. Además, obliga a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales como opción prioritaria ante el mismo. Se prohíben expresamente los desalojamientos con fecha abierta y se legislan diferentes medidas para evitar el sobreendeudamiento, como la dación en pago. Asimismo, se limita la responsabilidad al bien hipotecado, incluyendo mayor efectividad a una segunda oportunidad, y lograr dejar atrás la ley hipotecaria injusta que se ha llevado por delante el sueño de miles de familias y de sus avalistas.

Sobre alquileres, la ley presentada implementa una regulación de estos flexible en base a un índice de mercado, con el objetivo de limitar y bajar el precio de las rentas para que supongan un coste asumible para la mayoría de la población. Asimismo, recoge la renovación automática y obligatoria de los contratos de arrendamiento siempre y cuando el inquilino haya cumplido con sus obligaciones y el arrendador no precise de la vivienda para disfrute propio o de un familiar. Los honorarios, señala el texto, serán siempre a cargo de la parte arrendataria.

En el ámbito del sinhogarismo, la ley establece el derecho a la vivienda como derecho subjetivo y garantiza la protección inmediata en alojamientos adecuados para toda persona que caiga o se encuentre en esta situación.

En cuanto al parque de vivienda pública, con el objetivo de protegerlo y ampliarlo, la ley prohíbe su venta y fija un objetivo de solidaridad urbana del 20% antes del año 2050 para movilizar vivienda mediante diferentes herramientas como son la cesión obligatoria, el tanteo y retracto de grandes tenedores como puede ser la Sareb y entidades financieras rescatadas con dinero público en 2009.

Asimismo, el texto recoge la garantía de acceso a suministros básicos, creando una tarifa social y prohibiendo los cortes de agua, luz o gas a personas en exclusión residencial y desarrolla la participación ciudadana en políticas de vivienda, al igual que aborda el régimen de control y sancionador para desarrollar las diferentes medidas explicadas.

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