España no facilita a Bruselas los datos sobre quejas de pasajeros de avión

La Comisión Europea da seis meses a las compañías aéreas y a los Estados miembros para mejorar la aplicación del reglamento.

España no ha informado a la Comisión Europea (CE) sobre el número de denuncias que ha recibido por incumplimiento de la norma comunitaria que prevé compensaciones a los pasajeros aéreos de hasta 600 euros en caso de denegación de embarque (overbooking), anulaciones, o retrasos importantes en los vuelos. Los Estados miembros (en el caso español, la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento) son los responsables de controlar la aplicación de esta norma y tramitar las quejas.

Según los datos aportados por la mayoría de los países a la CE, entre febrero de 2005 y septiembre de 2006 se recibieron 18.288 quejas relacionadas con la mala aplicación del Reglamento CE 261/2004, sobre derechos de los pasajeros aéreos, vigente desde febrero de 2005. Se trata de una cifra "bastante limitada" si se tienen en cuenta los 750 millones de pasajeros anuales en la UE, según se pone de relieve en un estudio presentado por el Ejecutivo comunitario.

La mayoría de las denuncias se centran en cancelaciones (35%) y grandes retrasos (34%), mientras que las que están relacionadas con casos de overbooking son mucho menores en número (7,1%).

La Comisión destaca que sólo el 14% de las denuncias presentadas fueron resueltas satisfactoriamente. Es significativo también que las autoridades nacionales de los respectivos países sólo abrieron expedientes sancionadores en el 0,8% de los casos.

Reino Unido encabeza la clasificación de los países con más denuncias (6.090), seguido de Francia (2.700), Italia (2.557), Portugal (1.654) y Alemania (1.589). La Comisión considera que el hecho de que haya más quejas en estos países no significa que allí las compañías aéreas funcionen peor sino que puede deberse a otros factores, sobre todo el mayor tráfico o una tradición cultural más propensa a los litigios.

España no sanciona

En el caso de España, fuentes comunitarias explicaron que se pidió a las autoridades competentes hasta tres veces que enviaran los datos sobre la evolución de las quejas para poder realizar el informe pero que no se obtuvo ninguna respuesta. "Sabemos bien que España recibe un gran número de quejas como Francia, Reino Unido y Alemania, pero como no tenemos las cifras no podemos publicarlas", explicaron.

Junto con España, Austria y Eslovenia son los únicos Estados miembros que no han enviado la información, aunque según precisaron las fuentes tampoco tienen la obligación jurídica de hacerlo.

El informe recoge que Aviación Civil dedica un total de diez personas a tratar las quejas de los pasajeros por incumplimiento del reglamento europeo, una cifra que sólo supera Italia, donde veintidós trabajadores están especializados en esta cuestión. Sin embargo, si se considera este número en términos relativos, el ranking lo sigue encabezando Italia (0,27 trabajadores por millón de pasajeros) y España (0,08) se ve superada por Finlandia (0,25), Bélgica (0,14), Dinamarca (0,13), Suecia (0,12) y Portugal (0,11).

El estudio pone además de relieve que España es el país de la UE donde están previstas las multas más altas para las aerolíneas que no respeten la normativa sobre derechos de los pasajeros. La sanción máxima prevista es de 4,5 millones de euros, aunque Bruselas señala que en la práctica se situaría muy por debajo de esta cantidad ya que tiene que vincularse con la cantidad que la compañía aérea podría ahorrarse incumpliendo el reglamento.

Pero un informe elaborado por la consultora Steer Davies Gleave para la Comisión Europea, la Dirección General de Aviación Civil española no ha puesto ninguna multa en aplicación del reglamento. Sólo ha abierto expedientes para imponer sanciones a dos compañías: Iberia, por los acontecimientos del 28 de julio de 2006, cuyo personal bloqueó el aeropuerto de Barcelona, produciendo un gran número de retrasos y cancelaciones y a Air Madrid, por los persistentes retrasos de 12 a 24 horas y cancelaciones de vuelos, a menudo sin proporcionar la asistencia adecuada.

En todo caso, la Comisión no nombra en ningún momento a los países o a las compañías aéreas que están aplicando peor el reglamento. Sólo destaca que ha abierto un procedimiento de infracción contra Reino Unido por tratar sólo las denuncias de los pasajeros nacionales y no de los que proceden de otros Estados miembros. El informe tampoco recoge estadísticas armonizadas sobre retrasos, cancelaciones o casos de overbooking porque, según el Ejecutivo comunitario, cada país las elabora de forma distinta.

En cuanto a las diferencias en la forma de actuar entre las aerolíneas tradicionales y las low cost, Bruselas constata que las compañías de bajo coste son en general más puntuales, aunque cuando tienen algún problema les resulta mucho más difícil resolverlo. Además, este tipo de aerolíneas tienen más dificultades a la hora de hacerse cargo de los pasajeros víctimas de retrasos o anulaciones, sobre todo en los aeropuertos regionales que no cuentan con infraestructura hotelera suficiente.

Mejorar la aplicación

Las conclusiones del informe son que, aunque se hayan registrado algunos progresos en los últimos dos años desde la entrada en vigor de la norma, todavía deben tomarse medidas para mejorar su aplicación por parte de las aerolíneas y de los Estados miembros. Por ello, el Ejecutivo comunitario da un plazo de diez meses a compañías y países para reforzar la aplicación del reglamento sobre derechos de los pasajeros.

Durante este periodo, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Transportes, Jacques Barrot, se reunirá con las aerolíneas y las autoridades nacionales responsables de aplicar la norma con el objetivo de fomentar el intercambio de las mejores experiencias. Si al cabo de estos seis meses no se perciben mejoras, Bruselas comenzará a lanzar procedimientos de infracción contra los Estados miembros que trabajan peor.

"Aunque no quepa duda de que los pasajeros aéreos disfrutan hoy de una mayor protección, debemos velar por que las compañías aéreas y los Estados miembros cumplan todas sus obligaciones. La Comisión les ha dado seis meses para aplicar el reglamento sobre los pasajeros aéreos y les prestará su apoyo total a este respecto", dijo Barrot a través de un comunicado.

De momento, el Ejecutivo comunitario no se plantea modificar de nuevo este reglamento sino que considera que es necesario darle más tiempo para lograr "estabilizarlo". No obstante, si comprueba que ni siquiera los expedientes contra los peores alumnos son suficientes para mejorar su aplicación, sí que estudiaría introducir cambios para garantizar que los derechos de los pasajeros sean plenamente respetados.

Los dos principales aspectos de la norma que Bruselas quiere clarificar son cómo se interpreta el concepto de "circunstancias extraordinarias", que exime a las aerolíneas de compensar a los pasajeros por ejemplo si hay una fuerte tormenta que obliga a retrasar o cancelar el vuelo; y cómo se diferencia mejor entre retraso y anulación, por ejemplo fijando un límite de 24 horas a partir del cual cualquier retraso se considera ya una cancelación.

El Ejecutivo comunitario pondrá además a disposición de todos los aeropuertos nuevos pósteres informativos para que los propios pasajeros sean más conscientes de sus derechos y reclamen.

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