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El boicot a las fresas

La amnistía que el Gobierno andaluz ha aprobado para los pozos ilegales de la fresa pone en riesgo todo el sector fresero de Doñana, que encontrará un boicot a sus productos por los consumidores europeos.

Por Ricardo Gamaza

Una acampada, tractoradas y hasta agresiones, son algunas de las acciones que algunos agricultores de la fresa y los frutos rojos llevaron a cabo durante la anterior legislatura andaluza cuando se empezó a aplicar el Plan de la Corona Norte de Doñana y se empezaron a clausurar pozos ilegales que esquilmaban el agua del espacio natural poniendo en riesgo no solo al medio ambiente, sino también a toda la actividad agrícola del entorno.

El objetivo de esos agricultores que robaban agua (ya que los pozos no estaban autorizados y eran ilegales) era lograr una amnistía para los terrenos que cultivan ilegalmente fresa y frutos rojos. El denominado Plan de la Fresa, aprobado el 16 de diciembre de 2014 pero que se empezó a aplicar hace mucho después, trataba de poner orden en unos terrenos en los que los usos forestales habían sido usurpados paulatinamente por cultivos de regadíos de fresas y frutos rojos.

El cultivo de la fresa y frutos rojos afecta directamente a la supervivencia de Doñana, el espacio ambiental más emblemático de Andalucía y una de las principales reservas de biodiversidad del mundo. El uso descontrolado de agua ha llevado al acuífero a una situación de extrema gravedad, según indican los informes científicos, por lo que incluso la Unión Europea abrió un expediente sancionador para determinar los daños causados en ecosistemas protegidos por directivas europeas.

El objetivo fundamental de los ilegales se ha conseguido: salvar los terrenos agrícolas que serían clausurados en aplicación del Plan de la Fresa y de la Ley Forestal de 1992. Tras la declaración de guerra contra la Junta de Andalucía del anterior gobierno, los ilegales acaban de ganarla gracias a PP, Ciudadanos y el PSOE, que se ha limitado a hacer declaraciones que no casan con su abstención antes este gravísimo asunto.

La nueva amnistía aprobada en el Parlamento andaluz afecta a 1.900 hectáreas de cultivos de regadío que se ubican en la que ya se conoce como la zona cero de Doñana. El caso es que la amnistía ya se aplicó, aunque parcialmente, en el Plan de la Corona Forestal, que daba legalidad a las explotaciones anteriores a febrero de 2004, consolidando más de 4.000 hectáreas de riegos ilegales y descatalogando más de 2.000 hectáreas de montes públicos, muchos de ellos dedicados tradicionalmente a cultivos de secano.

Ahora los regantes ilegales han dado otra vuelta de tuerca al grifo del agua de Doñana ampliando la amnistía. Argumentan que Huelva tiene reservas suficientes de agua, lo cual no es cierto y además el descenso de los niveles del acuífero ya provoca un importante efecto barrera aislando a Doñana de otros espacios naturales como el Río Tinto o Sierra Morena. Tanto es así que la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España por el mal estado del acuífero de Doñana y por la forma en la que está afectando a sus ecosistemas.

En su día, las acciones de los agricultores que pedían esta amnistía ya dejó tocado al sector fuera de España, ya que en los mercados europeos, donde la plataforma que agrupa a las grandes superficies -que suponen un alto porcentaje de las ventas del sector de la fresa de Huelva-, amenazaron con no adquirir fresas cuya producción pudiera estar afectando a la vida de Doñana. Esta amenaza de boicot vuelve otra vez a estar activa ante la demencial decisión del Gobierno andaluz de amnistiar los pozos ilegales, algo con lo que curiosamente el nuevo PSOE andaluz liderado por el anterior alcalde de Sevilla, Juan Espadas, no ha mostrado oposición al abstenerse en la votación parlamentaria.

Los ecologistas denunciaron hace años en la Comisión Europea que había más de 1.000 pozos ilegales en el entorno de Doñana esquilmando un agua fundamental para la vida, aunque los propios regantes en otras comunicaciones reconocían que los pozos ilegales superaban los 2.000. Esas captaciones de agua se usan para regar cultivos de fresa y frutos rojos, según WWF, que además ocupan en muchos casos terrenos públicos forestales. ¿Cómo era posible? Para resolver esa pregunta hay que remontarse a la evolución de parte de la agricultura en Doñana y su entorno.

La agricultura tradicional de Doñana han sido cultivos de secano, cereal fundamentalmente, y en menor medida la vid. En los años de posguerra civil, los años del hambre, los ayuntamientos cedieron a familias con pocos recursos el uso de tierras municipales para que practicasen la agricultura de subsistencia. Pero el boom del regadío bajo plástico llegó a Doñana en los años 80 y desde entonces los cultivos de fresa y frutos rojos, que demandan mucha agua, ha sustituido de manera progresiva el espacio agrícola de secano o forestal. Muchos de los agricultores que producen estos frutos se han hecho millonarios, con una facturación anual del sector -sólo en esta zona- que supera los 400 millones de euros.

Sin embargo, gran parte del negocio de la fresa está fuera de España y Europa puso coto al robo del agua en Doñana y las grandes cadenas de supermercados de Europa dieron la espalda a las fresas regadas con captaciones ilegales de agua en Doñana. La plataforma SAI (Sustainable Agriculture Initiative), que agrupa a las grandes industrias y supermercados de Europa, comunicó oficialmente a las Administraciones y a los regantes su oposición y honda preocupación ante el hecho de que no se acaben de cerrar los pozos ilegales que se usan para cultivos freseros, que están esquilmando el acuífero 27 del que se nutre el principal humedal de Europa: Doñana. La carta, en la que las cadenas de distribución europeas mostraban su apuesta ecológica por la conservación de Doñana, ponía también énfasis en que no cumplir la ley de cerrar los pozos ilegales "producirá una reducción a largo plazo de la disponibilidad de fresas en la zona". En otras palabras: si agotan las aguas subterráneas se acabará con Doñana pero también con las producciones de fresas legales.

La Junta de Andalucía aprobó en 2014 el Plan de Regadíos para la Corona Norte de Doñana, que ponía orden en este descontrol de los regadíos. Con este plan, conocido como el plan de la fresa, se legalizaban unas 9.000 hectáreas. Esta norma, que no satisfizo a los ecologistas al suponer en la práctica legalizar una gran parte de los cultivos, al menos ponía un marco normativo que, desde la plataforma SAI, se venía demandando para poder saber si la fresa que estaban comprando era legal o no. Ahora será imposible distinguir si el agua que ha regado las fresas y frutos rojos daña Doñana o no, así que el consumidor europeo, más sensibilizado ecológicamente que el español a la hora de hacer su compra, le cerrará el grifo a todas las fresas de Doñana. El PP, Ciudadanos y el PSOE habrán ganado votos con la amnistía, pero los agricultores, Doñana y el medio ambiente habrán perdido.

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Ricardo Gamaza es periodista y divulgador agroambiental.

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