FACUA Madrid critica que el Gobierno de Almeida privatice el aparcamiento de la plaza de Santo Domingo

La asociación ha instado al Ayuntamiento de la capital a revertir dicha situación y a fomentar la creación de nuevos espacios públicos.

FACUA Madrid critica que el Gobierno de Almeida privatice el aparcamiento de la plaza de Santo Domingo
Vista aérea del antiguo aparcamiento de Santo Domingo.

FACUA Madrid critica que el Ayuntamiento de la capital haya decidido privatizar el aparcamiento de la plaza de Santo domingo, tras haberse encargado de las obras de reformas y reparaciones con cargo a los presupuestos municipales, y continúe así con las constantes privatizaciones de espacios públicos.

Así se lo ha trasladado en un escrito al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, al que ha instado a paralizar dicho paso a la externalización privada del aparcamiento de Santo Domingo y a evitar que se haga lo mismo con el del Carmen.

En el caso del primero, la asociación ha tenido conocimiento de que, tras más de 17 años de su cierre, volverá a ponerse en funcionamiento este verano pero que será una empresa privada quién se encargue de su gestión y explotación durante los próximos 20 años, de la misma forma que se pretende hacer desde la Junta de Gobierno con el de la plaza del Carmen.

En este sentido, FACUA Madrid denuncia que estas decisiones ocasionan un claro perjuicio económico, puesto que el valor de las reparaciones llevadas a cabo durante estos últimos años en el aparcamiento de Santo Domingo ha ascendido a 3,89 millones de euros y dicho coste ha sido soportado por todos los vecinos de la ciudad, además de una cesión de espacios que deberían de estar en manos públicas.

Asimismo, la asociación ha indicado en su escrito que, al pasar a una gestión privada, las tarifas de las estancias podrán ser fijadas por la empresa, no a través de la Administración Pública, lo que puede provocar un encarecimiento en los precios.

Por ello, FACUA Madrid entiende que estos procesos de privatización conllevan dar un paso atrás en derechos, vulnerando los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica propia de la función pública.

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