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Transparencia y rendición de cuentas

Las organizaciones sociales debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de la democracia y en la vertebración de la sociedad.

Por Olga Ruiz Legido

La democracia en nuestro país y la aprobación de la Constitución Española de 1978 inician el proceso para el establecimiento de un marco legal que garantice los derechos de las personas consumidoras y usuarias sobre el principio de que éstos son la parte más débil de las relaciones de consumo y que, por ello, los poderes públicos deben garantizar el respeto de sus derechos, la protección por medios eficaces de su seguridad y su salud y la defensa de sus intereses económicos, así como fomentar y oír a las asociaciones de consumidores como instrumentos que contribuyan a equilibrar el funcionamiento del mercado.

Ese marco legal, con base en el artículo 51 del texto constitucional, se desarrolla posteriormente sobre la idea de que el agrupamiento de los consumidores, a través de la creación y desarrollo de asociaciones fuertes y representativas, es capaz de crear las condiciones para que el colectivo organizado intervenga como un agente económico y social activo e influyente con el objetivo de equilibrar unas posiciones en el mercado que, de partida, son manifiestamente desiguales.

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