Hogar

El premeditado fracaso del bono social

Los 5 millones de familias que tendrían estos descuentos cuando se lanzaron en 2009 se han quedado en solo 1,3.

Por Rubén Sánchez

5 millones de familias se beneficiarán del bono social. Este fue el anuncio del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando lanzó esta tarifa refugio en 2009. La cifra nunca se alcanzó. Pese a que en su primera versión se otorgaba de forma automática a una parte de los beneficiarios, los hogares con potencia contratada inferior a 3 kW, el primer balance que hizo el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, señaló que se estaba aplicando en 2,79 millones de viviendas. Tras los sucesivos cambios en sus características y los requisitos que deben reunir sus destinatarios, en la actualidad, hoy solo lo tienen 1,3 millones de puntos de suministro.

El fracaso del bono social eléctrico ha sido claramente premeditado. Más allá de la ausencia de grandes campañas de comunicación institucional para dar a conocer estos descuentos a los consumidores, la inexistencia de protocolos para ahorrar el papeleo y las enormes restricciones en el número de beneficiarios potenciales han hecho que se trate de una tarifa absolutamente residual en lugar de la medida de protección gubernamental, sufragada por el sector eléctrico, a la que deberían acogerse millones de hogares. Y las eléctricas, que son las que sufragan los descuentos detrayéndolos de sus beneficios, están encantadas con ello.

A finales de marzo, el Gobierno de coalición amplió levemente el tope de ingresos económicos que deben tener los consumidores que tengan contratada la tarifa semirregulada (PVPC) para acceder al bono social. Tan poco, que el Ministerio para la Transición Ecológica estima que solo 600.000 familias más podrán acogerse a él, aunque sin duda las que lo harán no llegarán a esa cifra al desconocer que tienen derecho a ello.

La gran contradicción

Esta nueva reforma del bono social mantiene, como todas las anteriores, la gran contradicción que han representando los requisitos de acceso establecidos desde su nacimiento. Mientras se excluye a millones de consumidores con problemas económicos, todas las familias numerosas, aunque estén integradas por multimillonarios, pueden pedir los descuentos.

¿Por qué hay tantas respuestas negativas, pese a que los solicitantes cumplen los requisitos? ¿Lleva a cabo el Gobierno protocolos de inspección para verificar si se producen rechazos o demoras en la concesión de forma fraudulenta? Es más, ¿por qué al enviar a las eléctricas toda la documentación acreditativa de que tenemos derecho al bono social tenemos que firmarles una autorización para que contrasten la información con la Administración? ¿No sería más fácil que cualquier familia que quiera obtener esos descuentos autorice a la compañía a verificar con los organismos públicos que correspondan si cumple los requisitos y, de ser así, proceda a activárselos?

Sin papeles

¿Tan difícil es establecer un protocolo para que los consumidores pidan el bono sin aportar papeles, las eléctricas tengan que consultar a las administración si cumplen los requisitos, esta emita una respuesta oficial aceptando o denegando y la misma se derive al afectado para que pueda saber si se han hecho las cosas bien o su compañía le está tomando el pelo?

¿Existe algún impedimento para que el Gobierno modifique los requisitos económicos y familiares de acceso, de manera que sean muchos más los beneficiarios? ¿Hay alguna directiva o reglamento europeo que establezca el número máximo de consumidores que pueden obtenerlo, la cuantía de los descuentos que conlleve en las facturas o el coste máximo que debe representar el bono social? ¿Es imposible poner en marcha campañas de comunicación institucional en prensa, radio, televisión y redes sociales para dar a conocer esta tarifa refugio?

La respuesta a estas preguntas es, en todos los casos, un rotundo no. Si este Gobierno, como todos los anteriores, tampoco lleva a cabo todos esos cambios, resultará evidente que, una vez más, su prioridad no es proteger los derechos de los consumidores más vulnerables frente a ese oligopolio energético que desde hace décadas especula e infla sus precios para lograr cada año beneficios milmillonarios.

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Rubén Sánchez es secretario general de FACUA.

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