FACUA demanda más recursos para la formación farmacológica de los médicos

La Federación pide que se prohíba la entrada de los representantes de los laboratorios en los centros sanitarios en horarios laborales.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda a la ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas con las competencias transferidas que dediquen más recursos a la formación continua de los médicos en las novedades farmacológicas y prohíban la entrada de representantes de los laboratorios en los centros sanitarios en horarios de trabajo.

El presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán, denuncia que “el tiempo de la jornada laboral que pierden los médicos en atender a los visitadores supone miles de millones anuales en salarios”. Sánchez Legrán considera que “son el Ministerio de Sanidad y las Administraciones sanitarias de las comunidades autónomas competentes, y no los laboratorios, quienes deben garantizar a los médicos la adecuada formación farmacológica. Y es que la información que reciben los facultativos de los representantes de los laboratorios está mediatizada por los intereses de las multinacionales farmacéuticas”.

En el número de enero de su revista Consumerismo, FACUA publica un amplio informe en el que, bajo el título ¿Qué poder ejercen los laboratorios sobre las recetas?, recoge las denuncias de diferentes voces de la clase médica y política que alarman sobre el hecho de que ciertos laboratorios invierten cantidades multimillonarias en estimular a facultativos para que receten sus productos ante la pasividad de las autoridades sanitarias.

Prebendas que van desde vacaciones pagadas en países exóticos con estancias en hoteles de cinco estrellas y comidas en restaurantes de lujo con el pretexto de la celebración de un congreso hasta bonos de viaje, televisores, vídeos o cheques de cuatro o cinco ceros.

En este informe, el doctor Gonzalo Herranz, secretario de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC), denuncia que, aunque no es fácil investigar estas irregularidades, “existe una gran tolerancia por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo”.

Herranz califica de “corruptos” a los facultativos que “venden el alma” a los laboratorios “poniéndose a su servicio” al recetar medicamentos “guiándose más por lo que obtendrán a cambio que por el beneficio, también económico, del paciente”. El secretario de la Comisión de Etica de la OMC pide a los facultativos que no permanezcan callados ante este tipo de irregularidades y “denuncien a sus colegas”, ya que “no hacerlo viene a ser una forma de complicidad”.

FACUA advierte que la Ley del Medicamento y el Real Decreto 1.416/94 prohíben a los laboratorios otorgar, ofrecer o prometer estos incentivos, así como a los profesionales de la salud solicitarlos o aceptarlos. El presidente de FACUA, denuncia que “con estas prácticas llega a incurrirse, por un lado, en un fraude al consumidor, al inducirle en muchos casos a adquirir un fármaco innecesario, más caro o de menor eficacia terapéutica que el que debería prescribírsele. Y por otro a la Seguridad Social, al ocasionarle con esta práctica un mayor gasto en la financiación de los medicamentos. Acciones que están además tipificadas como delitos cohecho y estafa en el Código Penal”.

En relación a la información que transmiten los comerciales de los laboratorios a los facultativos, FACUA señala una encuesta realizada entre 1991 y 1997 por una red anónima de médicos generales y farmacéuticos de hospitales franceses, que concluyó que no les mencionaban espontáneamente los efectos adversos, contraindicaciones e interacciones medicamentosas de sus productos en alrededor del 76% de las visitas. Asimismo, estudios elaborados en Gran Bretaña e Irlanda del Norte ponen de manifiesto que cuanto más se apoya el médico en el visitador como fuente de información, menos racional es su prescripción.

Hasta la fecha, el ministerio de Sanidad y Consumo no ha creído necesario intensificar sus planes de inspecciones para acabar con los incentivos. Planes que en el último año han consistido en el control de 1.700 médicos, menos del 6% de los 29.000 que trabajan para el Insalud.

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