Francisco Cuenca Anaya, director del Servicio de Atención al Usuario del Colegio Notarial de Sevilla

"La nueva ley ayudará a reducir el fraude fiscal"

<b>Cuenca</b> advierte que los consumidores no suelen hacer uso de su derecho a la elección de notario.

Recientemente se han publicado normas de suma importancia que inciden directamente en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, de las que cabe mencionar las siguientes: la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal y la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

En la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, los notarios tienen una importante labor. En este sentido, uno de los grandes referentes es el fraude en el sector inmobiliario, en el que las novedades se dirigen a la obtención de información que permita un mejor seguimiento de las transmisiones y del empleo efectivo que se haga de los bienes inmuebles.

Pregunta: ¿Qué opina del papel de los notarios respecto a las obligaciones de identificación y constancia de medios de pago en las escrituras públicas y de información a las administraciones públicas que destaca la Ley?

Respuesta: La pregunta plantea tres cuestiones: identificación, constancia de los medios de pago e información.

La identificación de los comparecientes y la fe de conocimiento por los notarios están ya en la actual normativa. La nueva modifica el artículo 23 de la Ley del Notariado y agrega que en todas las escrituras que contengan actos o contratos con trascendencia tributaria "los comparecientes acreditarán ante el notario autorizante sus números de identificación fiscal y los de las personas o entidades en cuya representación actúen de los que quedará constancia en la escritura".

En lo referente a la constancia de los medios de pago, hay que tener en cuenta que en las escrituras que se refieran al dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, el notario deberá identificar los medios de pago empleados (metálico, cheque, transferencia o cualquier otro instrumento). Es importante subrayar que en las compraventas ya no basta la manifestación de que el precio se ha pagado, en todo o en parte, antes del otorgamiento: esta circunstancia debe acreditarse. En consecuencia, el comprador debe exigir siempre del vendedor el justificante de todos los pagos que realice para aportarlos al notario cuando se otorgue la escritura.

Hablando de la información, destacar que los notarios están obligados a llevar índices informatizados que se correspondan con los documentos públicos autorizados o intervenidos, siendo responsable de cualquier discrepancia que exista entre aquéllos y éstos; por mediación de los Colegios al Consejo General del Notariado, éste forma un índice único que está a disposición de las administraciones públicas.

Personalmente, valoro muy positivamente la nueva Ley. Del fraude fiscal se derivan graves consecuencias para la sociedad en su conjunto, pues supone una merma de los ingresos públicos. Lo mismo le ocurre al contribuyente cumplidor, que ve incrementada la presión que sobre él se ejerce. Consciente de estos perversos efectos, el legislador ha promulgado esta Ley. Lo que se pide al notario encaja plenamente en la esencia de su función: control de la legalidad y seguridad jurídica preventiva.

¿Qué ocurrirá si existe negativa a identificar el medio de pago empleado?

Conforme a la nueva redacción del artículo 254 de la Ley Hipotecaria, las escrituras en las que no consten los medios de pago empleados y los números de identificación fiscal no pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad. Además, el Consejo General del Notariado comunicará a la Administración Tributaria las operaciones en las que se haya incumplido la obligación de comunicar al notario tanto el número de identificación fiscal como los medios de pago.

La Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios refuerza la protección del consumidor adquirente de una vivienda al precisar el carácter abusivo de las cláusulas que les trasladen gastos que corresponden al vendedor. Este es el caso de los impuestos en los que el sujeto pasivo es el vendedor, los gastos de las conexiones a los suministros generales de la vivienda, tales como enganche del suministro de agua o alcantarillado, o la estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del profesional o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación, con el fin de evitar prácticas desleales que trasladan dichos gastos al consumidor por cláusulas no negociadas.

En materia contractual, se clarifica la equiparación entre las estipulaciones contractuales no negociadas y las prácticas no consentidas expresamente con idénticos efectos para los usuarios.

¿Qué opinión le merece esta mejora?


Sin duda, la equiparación a la que se elude amplía la protección de los consumidores. Pero mejor que justificar mi opinión, me parece más oportuno resaltar la trascendencia de la modificación que de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se ha realizado al redactar el número 22 de la Disposición Adicional Primera.

El notario, que no puede recoger en la escritura cláusulas contrarias a la Ley, agradece que la enumeración de estas cláusulas sea precisa. Ahora, por ejemplo, queda claro que es abusiva la cláusula "que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el profesional"; esta redacción resuelve el problema, tan debatido, de si la empresa vendedora puede cargar al comprador el Impuesto de Plusvalía. Mi opinión, expresada desde hace muchos años, es contraria a esta práctica generalizada, pero reconozco que la jurisprudencia era contradictoria; ahora no cabe la menor duda de que no puede repercutirse, porque el sujeto pasivo del tributo es el vendedor. Lo mismo cabría decir del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Uno de los objetivos del convenio suscrito entre el Colegio Notarial de Sevilla, que tiene un Servicio de Atención al Usuario, y FACUA es atender con calidad al consumidor y solucionar sus reclamaciones a través de la vía de la mediación, la información y contrastes de opinión. Por otro lado, también se confeccionó por ambas entidades un impreso a través del cual el Colegio Notarial ayuda a que el derecho de los consumidores a elegir notario en las compraventas empresarias y préstamos bancarios sea eficaz.

Asimismo, hemos intercambiado opiniones respecto a los cambios normativos referentes a las viviendas protegidas y ha participado usted en unas jornadas de vivienda organizadas por FACUA Andalucía.

¿Qué grado de importancia le da a este convenio basándose en su experiencia de ejecución del mismo?


En la realización práctica del convenio encuentro luces y sombras. En lo positivo, lo cordial en las relaciones entre FACUA y el Colegio Notarial, y más concretamente con el Servicio de Atención al Usuario, que dirijo. Mis contactos con la asesoría jurídica de FACUA, por ejemplo, en el polémico tema de las VPO, han sido frecuentes y fructíferos.

Pero creo que el convenio podría rendir mejores frutos y que una mayor eficacia no depende tanto del Colegio o de FACUA como de los consumidores, que no utilizan los servicios que se les ofrecen. Ejemplo muy significativo sería el de elección de notario. Nuestro esfuerzo para difundir y garantizar el ejercicio de este derecho ha encontrado la más absoluta indiferencia por parte de los usuarios.

El Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, modifica el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, ¿afecta a los consumidores esta modificación?

Este Real Decreto modifica profundamente el actual Reglamento. A todos los usuarios de los servicios notariales les afectan las modificaciones, pero ni siquiera voy a intentar enumerarlas, pues hay que tener en cuenta que ocupan cincuenta páginas del Boletín Oficial del Estado.

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