La Mesa Social del Agua presenta 10 medidas para una transición hídrica justa en Andalucía

Las entidades sociales que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han elaborado y presentado un documento con medidas para que se ponga en marcha una transición hídrica justa, ecológica y social en Andalucía con carácter de urgencia.

Así señalan que la emergencia climática y la crisis de seguridad hídrica requieren un debate de calado en Andalucía sobre el modelo de gestión del agua. Cualquier gobierno resultante de las próximas elecciones andaluzas tiene en la gestión hídrica uno de los mayores retos colectivos y las organizaciones que componen la Mesa Social del Agua de Andalucía -CCOO Andalucía, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, FACUA Andalucía, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción Andalucía, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA- vuelven a reiterar esta idea con la presentación de un decálogo de medidas.

Una serie de propuestas vinculadas al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, la prevención del deterioro y la recuperación del buen estado ecológico de los recursos hídricos, garantizar el equilibrio entre demandas y consumos, asumir los límites actuales, redoblar esfuerzos en las estrategias de gestión de la demanda, una transición hídrica justa y sostenible en términos ambientales y sociales, un correcto diagnóstico del abastecimiento urbano y garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos, incluir criterios de cohesión y justicia territorial, repensar el papel y la dimensión del regadío y el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones.

En el decálogo elaborado por la Mesa Social del Agua se considera imprescindible construir un Pacto Social del Agua que asuma y promueva un modelo de participación activa, justa, diversa, comprometida y equilibrada; al igual que debe prevalecer, como eje central de las políticas del Ciclo Integral del agua, el Derecho Humano al Agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos, desarrollando un proceso de pedagogía social efectiva que faciliten los consensos que requiere afrontar los impactos de la crisis climática y los retos de una transición hidrológica ambiental y socialmente justa.

Decálogo para la transición hídrica justa y el derecho humano al agua en Andalucía

1. Las políticas del agua deben basarse en los objetivos requeridos por la Directiva Marco del Agua (DMA) y en la planificación hidrológica, que actualmente se materializa en los planes hidrológicos del tercer ciclo (2021-2027) en proceso de aprobación a lo largo de este mismo año. La planificación hidrológica es el auténtico marco donde tomar las decisiones, poner en práctica las medidas e inversiones concretas y desarrollar los procesos de participación pública efectiva.

2. La prevención del deterioro y la recuperación y el mantenimiento del buen estado ecológico de los ríos, humedales, estuarios, aguas costeras y aguas subterráneas, en consonancia con la DMA, debe ser un objetivo inaplazable de la política de aguas en todas las cuencas de Andalucía. Este objetivo exige la fijación completa del régimen de caudales ecológicos y de las necesidades de agua de las especies y los hábitats, especialmente en los espacios protegidos, condición para una transición hídrica que no comprometa los servicios ambientales.

3. Es clave y urgente garantizar el equilibrio entre las demandas y los consumos en base a los recursos realmente disponibles y su evolución en el tiempo. Es necesario asumir los límites actuales de cada demarcación hidrográfica y prever los cambios y la reducción de las aportaciones que traerá consigo el cambio climático.

4. Estos retos exigen redoblar los esfuerzos en las estrategias de gestión de la demanda y obligan a reorientar la política del agua de Andalucía hacia un nuevo modelo de aprovechamiento del recurso. Una reorientación imprescindible que implica iniciar una transición hídrica justa y sostenible en términos ambientales y sociales, incluidas las dimensiones relacionadas con el empleo y las condiciones de trabajo.

5. Es fundamental realizar un diagnóstico del abastecimiento urbano en su conjunto, conocer las necesidades que tienen nuestros pueblos y ciudades, conocer en detalle el presupuesto de esas carencias y establecer adecuados mecanismos de financiación, bajo una articulación de corresponsabilidad en el servicio a la ciudadanía para el conjunto del territorio. La Junta de Andalucía debe garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos del agua urbana. Para ello se hace necesario fomentar la gobernanza en la gestión del agua, acercar posturas entre los diferentes agentes interesados en mejorar el Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en Andalucía y la creación de un Observatorio del ciclo urbano del agua.

6. Los sistemas del ciclo urbano del agua deben incluir criterios de cohesión y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos y los pequeños y medianos municipios con sistemas propios. Es prioritario abrir un debate sobre las inversiones que se requieren para reducir las pérdidas en las redes, aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de aguas residuales que arrastra Andalucía. Es urgente acometer el saneamiento y depuración en las aglomeraciones de pequeño tamaño, buscando las soluciones más factibles desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. Las nuevas depuradoras o la implantación del sistema terciario deben incorporar los principios de la economía circular, así como implantar redes separativas de las aguas fecales y pluviales.

7. Es necesario redefinir el papel y la dimensión del regadío, el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural, a la generación de empleo de calidad y al relevo generacional. Esta orientación requiere el rechazo a modelos de producción intensiva basada en cultivos altamente consumidores de agua y otros recursos por ser contrario a la necesaria adaptación del sector al contexto de cambio climático y por poner en jaque a la agricultura profesional. Igualmente, requiere el desarrollo de modelos de agricultura y ganadería ecológica y de baja huella hídrica, así como la redistribución del agua disponible con criterios sociales. La reutilización de aguas regeneradas y la desalación deben apoyarse siempre que sea ambientalmente posible, con el objetivo de sustituir las extracciones en los ríos y acuíferos sobreexplotados. Debe garantizarse que el destino de estos recursos no sean concesiones privadas a empresas gestoras sino fines de interés general. Es necesario establecer tarifas volumétricas en el sector agrario que incentiven el ahorro real del recurso hídrico, de máxima importancia ante el fuerte crecimiento de las hectáreas de regadío en todas las demarcaciones.

8. Es imprescindible construir un Pacto Social del Agua que asuma y promueva un modelo de participación activa, justa, diversa, comprometida y equilibrada, en el que puedan intervenir todos los actores socio-económicos y ciudadanos en igualdad de condiciones y donde la protección del recurso sea la base de una nueva política de aguas. Una participación social que cuente con unas administraciones implicadas y con la dotación adecuada en términos de recursos económicos y humanos.

9. El Pacto debe asumir y hacer prevalecer, como eje central de las políticas del ciclo integral del agua, el Derecho Humano al Agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos. Para ello es preciso dotar al ciclo urbano del agua de un marco regulatorio que garantice un buen y justo servicio para la ciudadanía. En este marco, es fundamental mejorar el ámbito energético vinculado al consumo de agua. El consumo de energía es cada vez más intensivo en todos los usos: captación, transporte, tratamiento, distribución, almacenamiento, saneamiento, depuración y reutilización son procesos de alto consumo energético. Es fundamental establecer mecanismos que permitan reducir consumos, hacer energéticamente más eficientes los procesos e incorporar de manera decisiva las energías renovables, producidas por los propios gestores del agua, buscando su descentralización y fomentando el papel de los actores de la gestión pública.

10. Es necesario desarrollar el proceso de pedagogía social efectiva que exige la transformación de los actuales modelos sociales y de pensamiento. Un proceso necesario para facilitar el consenso que requiere afrontar los impactos del cambio climático y los retos de una transición hidrológica ambiental y socialmente justa.