Una directiva europea establecerá que copiar o compartir obras culturales entre particulares no es delito si no hay ánimo de lucro

El Parlamento Europeo ha votado la propuesta modificada de Directiva sobre medidas penales para garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual.

Una directiva europea establecerá que copiar o compartir obras culturales entre particulares no es delito si no hay ánimo de lucro.

Así lo recoge el artículo 2 de la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Ésta fue votada por el Parlamento Europeo en su sesión del 25 de abril

La Directiva establece finalmente en su artículo 3 que "los Estados miembros velarán por calificar de infracción penal toda infracción intencional de un derecho de propiedad intelectual cometida a una escala comercial, así como la tentativa de tal infracción, la complicidad y la instigación a tal infracción".

Entre las enmiendas al texto aprobadas en la Eurocámara, la número 13 introduce una modificación en el artículo 2 de la Directiva por el que se define la "vulneración cometida a escala comercial" como "toda vulneración de un derecho de la propiedad intelectual para conseguir ventajas económicas o comerciales directas o indirectas, con exclusión de los actos efectuados por usuarios privados con fines personales y no lucrativos".

FACUA advierte que esta norma no establece que la copia privada o el hecho de compartir música, películas u otras obras culturales sin ánimo de lucro sea un derecho del usuario y ni tan siquiera una práctica legal, sino únicamente que no se considerará como un acto delictivo. Algo diferente aunque, en cualquier caso, de gran importancia teniendo en cuenta las presiones de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual para lograr que estas prácticas se considerasen delito.

Según el artículo 4, las citadas infracciones penales deberán ser castigadas con penas privativas de libertad, multas y decomiso del objeto, los instrumentos y los productos procedentes de las infracciones.

La nueva Directiva impone en la práctica a los Estados miembros la obligación de adaptar sus legislaciones a lo dispuesto en la misma. Se sitúa así en el punto de mira penal a las redes de intercambio de archivos, peer to peer o P2P, que sin contar con la autorización de los titulares de derechos de autor obtengan beneficios comerciales, aunque no a sus usuarios, siempre que no tengan ánimo de lucro.

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