El juez embarga 130 millones a tres directivos de Iberdrola por la corrupción eólica

Un juzgado de Valladolid investiga la llamada 'trama eólica', por la que se concedieron de forma presuntamente irregular parques eólicos en Castilla y León.

El juez embarga 130 millones a tres directivos de Iberdrola por la corrupción eólica
Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola. | Imagen: D. Zorrakino (Europa Press).

Avanza el macroproceso judicial por la conocida como trama eólica, un caso de corrupción para la concesión irregular de parques eólicos en Castilla y León entre los años 2003 y 2011, y en la que están siendo investigados altos cargos autonómicos y ejecutivos de Iberdrola, entre otros. De hecho, la Justicia ha decretado el embargo de 130 millones de euros a tres directivos de la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán, –imputado, por su parte, en el caso Villarejo–.

La causa judicial arrancó en octubre de 2021. Fue entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió penas de cárcel de entre cuatro y 42 años para cinco ex altos cargos de la Junta de Castilla y León y 11 empresarios.

Entre ellos figuraban ya los nombres de los tres ejecutivos de Iberdrola contra los que, según han confirmado fuentes jurídicas a El Confidencial, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid cursó el pasado 10 de mayo el embargo de cuentas y del IRPF: se trata de Pedro Barriuso, antiguo jefe de la división de Renovables de Iberdrola; Rafael Icaza de la Sota, director de control y único de los tres directivos que continúa en la compañía, y Ricardo Bravo, ejecutivo de Ibercyl la filial castellanoleonesa del grupo. Fue a través de esta última que, según el ministerio fiscal, se orquestó la concesión corrupta de autorizaciones para instalar parques eólicos en la comunidad autónoma entre 2003 y 2011.

Mordidas de 80 millones de euros

En su escrito de acusación, el fiscal solicitó para ellos tres seis años de prisión. En respuesta, el magistrado que coordina las diligencias, Javier de Blas, dictó en noviembre la apertura de juicio oral e impuso fianzas de varios millones, tanto a la Junta de Castilla y León controlada entonces y ahora por el Partido Popular como a los sospechosos de beneficiarse de las concesiones presuntamente ilegales, por las que se habrían pagado sobornos de 80 millones.

Las partes recurrieron las fianzas con recursos de reposición. Sin embargo, han sido desestimados, por lo que el citado juzgado vallisoletano ha decretado el embargo contra Barriuso, Icaza y Bravo. A diferencia del primero, que está pendiente de un recurso de revisión. La confiscación de los bienes de los otros dos está pendiente de ejecución.

Según fuentes próximas a Iberdrola consultadas por El Confidencial, que ha tratado sin éxito recabar la versión de la compañía, Icaza ha pedido ayuda económica a la eléctrica, al no disponer de patrimonio con el que poder hacer frente a los 130 millones que le reclama el juzgado de forma solidaria con Barriuso y Bravo.

La trama eólica, de acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, tenía como cerebro a Rafael Delgado, viceconsejero de Economía durante los gobiernos de Juan Vicente Herrera, y a los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, dueños de San Cayetano Wind, compañía con la que Iberdrola firmó varios acuerdos implementar los parques eólicos.

Otras causas de Iberdrola

Hay que recordar que en 2013, la Dependencia Regional de Inspección de Castilla y León dictó sendos acuerdos de declaración de responsabilidad solidaria de lberdrola Renovables Castilla y León por las deudas tributarias de IVA de 2007, 2008 y 2009 impuestas a San Cayetano Wind y que ascendían a 7,36 millones. San Cayetano Wind fue extinguida en 2013.

Iberdrola, por su parte, recurrió estos acuerdos, así como los dictados en 2016 por la Delegación regional de Recaudación, y reclamó el Tribunal Económico Administrativo Central, consiguiendo así reducir el alcance de su responsabilidad. La batalla jurídica se trasladó entonces a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cuya resolución aún estaba pendiente.

Así pues, Iberdrola, que tiene a los tres exministros del PP Fátima Báñez, Ángel Acebes e Isabel García Tejerina sentados en distintos consejos de administración, acumula cifras récord de beneficios, y también causas judiciales. Además de la imputación de Sánchez Galán en el caso Villarejo o el ya comentado embargo de 130 millones de euros a sus directivos, hay que mencionar cómo recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ordenado desmantelar la mayor planta fotovoltaica de España y Europa.

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