El Defensor del Pueblo pide a Economía más información sobre las empresas de reunificación de deudas

Discrepa con el Ministerio en que el sector esté suficientemente regulado con la normativa de protección a los consumidores.

El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Economía y Hacienda que amplíe la información ofrecida sobre las empresas de reunificación de deudas tras la queja de oficio abierta por esa institución y presentada el pasado mes de enero.

Esta nueva petición se produce tras la primera contestación dada por el departamento que dirige Pedro Solbes en la que considera que "la actividad de concesión de préstamos o créditos es libre, pudiendo ser realizada ante cualquier persona física o jurídica sin que precisen autorización alguna, ya que la actividad reservada ante las actividades de crédito es la de captación de depósitos".

El Ministerio también estima, según dijo el Defensor del Pueblo, que con la normativa existente el sector se encuentra adecuadamente regulado, y explica las diferencias que se dan entre las actividades referidas al consumo y actividad financiera. Además, considera que el régimen vigente de protección del consumidor cubre las actividades que puedan suscitarse.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera preciso conocer la calificación de cada una de las empresas de reunificación de deudas por parte de la Administración, dado que son de varios tipos, y los requisitos exigidos para la garantía de los consumidores.

Además cree necesario distinguir entre créditos para la adquisición de bienes y los que cuyo objeto sea sin más la concesión de un préstamo, "pues en este caso tratándose de un crédito financiero con garantía hipotecaría para solucionar un problema de sobreendeudamiento, se hace difícil pensar que la respuesta normativa adecuada esté únicamente en las leyes de protección a los consumidores", subraya el Defensor del Pueblo.

Por último, en cuanto a la normativa anunciada, el Defensor del Pueblo solicita que se le informe de las medidas concretas que se contienen en la misma, así como de las fechas previstas para la nueva regulación.

El Defensor del Pueblo ha solicitado esta ampliación de información teniendo en cuenta que a finales de 2006 se estimaba que había más de 1.000 empresas dedicadas a este tipo de financiación, con una cifra de negocio que superaba los 1.000 millones de euros y por "la repercusión mediática, y por tanto su incidencia en la opinión pública, de este medio de financiación con proliferación de anuncios en televisiones, radio, periódicos, etc.".

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