Expediente sancionador a Clínica Rusadir de Melilla tras denunciar FACUA por no tener teléfono gratuito

La Dirección General de Salud Pública y Consumo de la ciudad autónoma ha propuesto imputar a la empresa una infracción por incumplir su obligación de disponer de numeraciones sin coste.

Expediente sancionador a Clínica Rusadir de Melilla tras denunciar FACUA por no tener teléfono gratuito
Imagen: Rusadir Medical.

Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Melilla ha incoado un expediente sancionador contra la clínica Rusadir Medical por no ofrecer a los usuarios una línea telefónica gratuita para la atención al consumidor, pese a estar obligada por la normativa desde diciembre de 2020 al tratarse de una empresa prestadora de servicios básicos de interés general.

La apertura del expediente ha sido por la Dirección General de Salud Pública y Consumo, de la Consejería de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal de Melilla. La asociación había denunciado a la clínica Rusadir Medical en el marco de su campaña de denuncia contra empresas que prestan servicios básicos de interés general que incumplen la ley que las obliga a disponer de teléfonos gratuitos para la atención a los consumidores.

En concreto, el escrito remitido a FACUA firmado por el director general de Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan Luis Cabanillas, señala que "se ha procedido a iniciar expediente sancionador" contra Rusadir Medical "por supuesta infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios", al "no disponer de un teléfono gratuito de atención a los usuarios".

Así, la clínica Rusadir es uno de los 146 centros sanitarios denunciados por FACUA por este motivo. En concreto, la clínica de Melilla sólo ofrecía una línea móvil para la atención al usuario en sentido amplio. Actualmente, la asociación ha podido comprobar que ya incorpora en su web un teléfono gratuito para la atención general, aunque sigue manteniendo la línea móvil, de pago.

Qué dice la ley

Desde diciembre de 2020, el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge que "en los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito. A estos efectos, tendrán la consideración de servicios de carácter básico de interés general los de suministro de agua, gas, electricidad, financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, así como aquellos que legalmente se determinen".

FACUA indica a los consumidores que se vean obligados a llamar al hospital o clínica de su zona a través de numeraciones con coste que podrán reclamarles el abono de esas cantidades. En el caso de otras empresas que no son de servicios básicos de interés general, la ley establece que deben facilitar un número que no suponga un coste superior al de una llamada geográfica o móvil, con lo que si se ven obligados a llamar a una tarificación especial (902 y 901), también tienen derecho al reembolso de ese coste.

Sin respuesta de Consumo

FACUA recuerda que, hasta la fecha, ni el Ministerio de Consumo ni la inmensa mayoría de autoridades de consumo autonómicas han contestado a las denuncias presentadas por la asociación en el marco de esta campaña.

La asociación lamenta la dejación de funciones que está haciendo la Dirección General de Consumo del Ministerio de Alberto Garzón a este respecto. El organismo no ha dado respuesta a ninguna de sus denuncias, en las que la asociación le viene solicitando que se dirija a las empresas para instarlas a cumplir la legislación y pida a las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas que les abran expedientes sancionadores.

Tampoco las administraciones autonómicas de consumo están dando respuesta masiva a estas denuncias. Hasta la fecha, sólo han abierto expedientes sancionadores el Principado de Asturias a DHL y el Hospital Begoña de Gijón, el Instituto Gallego de Consumo a Banca March, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León contra Palbus, la empresa de autobuses de Palencia, y la Dirección General de Consumo de Baleares, en este caso a a las aerolíneas Iberia, Level, British Airways, EasyJet y Volotea, las empresas de mensajería Celeritas y GLS, las aseguradoras Santa Lucía, Cáser y Fénix Directo y Securitas Direct.


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