La Junta diluye las promesas de protección al consumidor asumidas con FACUA en la ley que regula las VTC

FACUA Andalucía lamenta que se hayan incluido de manera muy ambigua las medidas comprometidas durante la negociación del nuevo decreto ley ya aprobado en Consejo de Gobierno.

La Junta diluye las promesas de protección al consumidor asumidas con FACUA en la ley que regula las VTC
Imagen: Europa Press.

FACUA Andalucía lamenta que la Consejería de Fomento no haya cumplido las promesas de protección a los consumidores asumidas durante la negociación del decreto ley que se aprobó este martes 27 de septiembre en Consejo de Gobierno, y que permitirá a los vehículos VTC seguir operando en las ciudades andaluzas a partir del próximo 1 de octubre.

La federación ha participado en las últimas semanas en dos reuniones presididas por Mario Muñoz-Atanet Sánchez, viceconsejero de Fomento, en las que le hizo llegar una serie de medidas centradas principalmente en proteger a los consumidores. La Junta se comprometió a incluir la mayoría de estas reivindicaciones en la nueva norma, algo que lamentablemente no ha ocurrido.

FACUA Andalucía critica además que el decreto ley, aún sin publicar en el BOJA, haya sido filtrado y publicado en prensa, y no se haya remitido previamente a los agentes sociales. La federación en ningún momento ha tenido acceso al borrador o al texto definitivo para poder así cotejar el reflejo de las posibles propuestas aceptadas en el contenido de la norma.

Compromiso de limitar las tarifas abusivas

El Gobierno andaluz se había comprometido a limitar las tarifas abusivas de las VTC en situaciones de alta demanda como pueden ser eventos deportivos multitudinarios, ferias o congresos. Sin embargo, el decreto ley recoge esta medida desde un punto potestativo de la administración, por lo cuál podría no aplicarse nunca esta limitación y aún así se estaría cumpliendo la ley.

Desde un primer momento, FACUA Andalucía propuso que se estableciese un marco de relación de derechos entre los usuarios y las VTC. Sin embargo, en el documento aprobado por la Junta este aspecto queda condicionado a un acuerdo entre las empresas operadoras del servicio y las entidades representativas de los consumidores y usuarios. Es decir, si no se llega a un acuerdo porque plataformas como Uber o Cabify no quieren ceder en determinados aspectos, no existirá este marco de derechos para los consumidores.

La federación entiende que se debería de haber recogido y acotado en este decreto ley un marco mínimo, y más teniendo en cuenta que el documento refleja algunos detalles tan específicos como el color o las medidas de los vehículos, pero no así qué derechos tienen los usuarios a la hora de usar estos medios de transporte.

En el aire las indemnizaciones a los usuarios

Otro de los elementos del que se había hablado de manera expresa en la negociación era que se iba a establecer indemnizaciones por daños y perjuicios concretos, especialmente en el caso de que los prestadores cancelasen el servicio de manera unilateral.

Sin embargo, en el documento aprobado sólo se hace referencia al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sin concretar absolutamente nada y sin que en la práctica suponga ningún avance en la protección del usuario.

La Consejería de Fomento también se había comprometido a establecer la responsabilidad directa de las plataformas frente a los usuarios, ya que éstas suelen inhibirse de cualquier responsabilidad indicando que son meros intermediarios.

En el nuevo decreto ley tampoco se desprende esta responsabilidad de manera clara más allá de que pueden negociar la regulación de los derechos de los viajeros, entendiendo que no se irá más allá de lo que quieran asumir dentro de la propia negociación.

FACUA Andalucía planteó que la norma garantizase un 5% de la flota para personas con movilidad reducida, de manera que se asegure el acceso universal del servicio. Sin embargo, la Junta ha establecido este porcentaje únicamente a aquellas flotas con más de 100 autorizaciones, lo cual no garantiza el efectivo cumplimiento global del porcentaje, suponiendo una clara discriminación a este colectivo de usuarios.

Rechazo a la precontratación por tiempo

La Junta ha rechazado incluir la precontratación por tiempo de 15 minutos que reclamaba el sector del taxi, estableciendo un límite de precontratación por espacio de entre 150 y 300 metros dependiendo de la zona y su cercanía a aeropuertos, puertos, estaciones de tren o autobús, hoteles o juzgados entre otros espacios.

FACUA Andalucía, por su parte, ha mostrado su preocupación sobre la eficacia de esta medida y la forma en la que se va a poder controlar esta precontratación por espacio, siendo este aspecto de gran importancia para equilibrar ambos modelos en un contexto actual en el que se está muy lejos de cumplir la ratio de un vehículo VTC por cada 30 taxis.

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