FACUA Catalunya exige a la Generalitat una alternativa al cierre de la residencia de mayores de Reus

FACUA Catalunya exige al Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña una alternativa provisional para los usuarios de la única residencia de ancianos pública que hay en Reus tras contemplarse su cierre definitivo por el mal estado del edificio donde se encuentra.

Si bien la asociación defiende como máxima prioridad garantizar la seguridad de los residentes y trabajadores, es deber de la administración prestar unos servicios públicos de calidad, por lo que resulta totalmente inaceptable el desamparo al que se ven abocados los usuarios y familiares de esta residencia ante la falta de alternativas públicas cerca de Reus.

Siendo público y notorio el mal estado en el que se encuentran las instalaciones desde hace años, no se puede considerar que se trate de un suceso imprevisible o sobrevenido. Por ello, la Generalitat de Catalunya debe actuar con la mayor diligencia posible en la planificación y mantenimiento de los servicios públicos para minimizar el impacto que puede suponer el cierre de estas instalaciones.

Dejación de funciones de la administración

La falta de recursos e infraestructuras de servicio púbico viene generando un grave perjuicio para la ciudadanía, ya que se ve obligada a recurrir al sector privado si requiere de los servicios de una residencia. Por ello, FACUA Catalunya considera que hay una clara dejación de funciones por parte de la administración, apostando por una privatización encubierta en lugar de fomentar unos servicios sociales públicos y de calidad.

La asociación considera que con esta decisión se está vulnerando la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales, que en su artículo 2.3. establece que "los servicios sociales de titularidad pública garantizan la existencia y el desarrollo de las acciones básicas, así como la equidad territorial, que contribuyen a la justicia y al bienestar sociales".

Asimismo, el artículo 24 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, reconoce a todas las personas el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de la red de servicios sociales de responsabilidad pública.

Además, es competencia del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, en virtud del artículo 29 de Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales, "crear, mantener, evaluar y gestionar los centros, servicios, recursos, equipamientos, proyectos y programas relativos a los servicios sociales especializados".

Por todo ello, FACUA Catalunya reclama una alternativa provisional a los afectados que no les obligue a desplazarse a otros municipios. Al mismo tiempo, pide que en el medio plazo se de una solución definitiva con la construcción de una nueva residencia pública que garantice una atención de calidad para los vecinos de Reus.