La Autoridad Vasca de la Competencia sanciona a dos empresas funerarias por abuso de posición de dominio

Tanatorio Donostialdea-Donostialdeko Beilatokia y su matriz Rekalde 21 Corporación, han aplicado precios excesivos por la utilización o cesión de los servicios de tanatorio, entre otros abusos.

La Autoridad Vasca de la Competencia sanciona a dos empresas funerarias por abuso de posición de dominio
Imagen: Joaquín Corchero (Europa Press).

El Consejo de la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC), organismo autónomo adscrito al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, ha dictado una resolución de sanción contra dos empresas funerarias de Gipuzkoa por "un abuso de posición de dominio" en la prestación de servicios de tanatorio y crematorio a otras empresas del sector.

Concretamente, se les multa por aplicación de precios excesivos por la utilización o cesión de los servicios de tanatorio; aplicación de precios discriminatorios entre operadores, mediante el cobro de diferentes tarifas por los servicios de tanatorio; y, la obligación de contratar el servicio de crematorio para tener acceso al servicio de tanatorio.

Según la resolución del organismo, la responsable de la infracción es Tanatorio Donostialdea-Donostialdeko Beilatokia SA (Tadosa) y, solidariamente, su matriz Rekalde 21 Corporación S, ambas de Gipuzkoa.

Recientemente, las sociedades participadas por Rekalde han sido adquiridas por Mémora Servicios Funerarios SLU, integrándose en este grupo empresarial.

En 2020, la Dirección de Investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia tuvo conocimiento de una posible infracción por parte de empresas del grupo Rekalde.

Tras la realización de ciertas labores de investigación, el 6 de abril de 2021 se incoó expediente sancionador a las empresas Rekalde y Tadosa por supuestas conductas prohibidas por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Ahora el organismo del Gobierno vasco ha dictado la resolución sancionadora que tipifica la infracción como grave e impone una sanción de 166.920 euros.

Dicha resolución pone fin a la vía administrativa, siendo recurrible en la jurisdicción contencioso-administrativa. La resolución completa puede consultarse en este enlace.

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