La Junta de Extremadura distribuye subvenciones a 4 asociaciones de consumidores a dedo y de forma opaca

El Instituto de Consumo de la región ha decidido excluir a FACUA Extremadura de las ayudas públicas que contempla el proyecto de Presupuestos Generales de 2023.

La Junta de Extremadura distribuye subvenciones a 4 asociaciones de consumidores a dedo y de forma opaca
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.

El gobierno de Guillermo Fernández Vara ha decidido excluir a FACUA Extremadura de las ayudas públicas destinadas a las asociaciones de consumidores y usuarios en 2023, que en el proyecto de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma se adjudican de forma opaca y a dedo entre otras cuatro.

En estas cuentas se recogen partidas de entre 24.075 y 94.350 euros para la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex), la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Feaccu) y la Asociación de Usuarios y Bancos, Cajas y Seguros de Extremadura (Adicae).

La asociación lamenta que el Instituto de Consumo de la Junta de Extremadura (Incoex) mantenga de cara al próximo año un sistema de reparto de subvenciones que no permite concurrir a la convocatoria en igualdad de condiciones.

Tras la reunión mantenida el pasado mes de enero, FACUA Extremadura ha hecho llegar a este organismo un documento donde expone su valoración sobre los criterios actualmente vigentes para la concesión de ayudas, a través de una convocatoria que no es ni pública, ni transparente, ni mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.

El modelo actual hace que las asociaciones creadas con posterioridad, como es el caso de FACUA Extremadura, tengan vetado el acceso a las ayudas, ya que éstas se asignan de manera directa a aquellas asociaciones de consumidores y usuarios con más antigüedad en el territorio.

Desincentiva el asociacionismo

Asimismo, el procedimiento actual se basa en financiar una parte de la tramitación de reclamaciones de los consumidores en las sedes de las asociaciones beneficiarias como si se tratara de oficinas propias del Incoex.

Este sistema implica una serie de efectos negativos para el desarrollo del movimiento de consumidores en Extremadura, ya que no se fomenta el asociacionismo tal y cómo queda recogido en el artículo 51 tanto de la Constitución Española como de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura.

El hecho de que las asociaciones beneficiarias de estas ayudas tengan que adoptar el papel de las oficinas públicas de atención al consumidor va en detrimento de la potenciación y desarrollo del movimiento asociativo en la región.

El sistema de concesión de ayudas que aplica el Instituto de Consumo de Extremadura no fomenta otras actividades informativas o formativas igualmente necesarias para los consumidores y usuarios que contribuyen a prevenir los abusos y los fraudes, así como a su empoderamiento para que ganen en autonomía y en autoconocimiento de sus derechos.

Se pide implantar un modelo no discriminatorio

FACUA Extremadura considera que el actual sistema de designación de ayudas debería cambiar para que se rija por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, objetividad, igualdad y no discriminación. Por ello, se pide al Gobierno extremeño que se regulen y aprueben unas bases que posibiliten que toda asociación de consumidores y usuarios legalmente establecida en el territorio pueda optar a recibir una ayuda pública en condiciones de igualdad.

Del mismo modo, se insta a que se implante un sistema que recoja varias líneas de actuación subvencionables entre las que se encuentren las actividades encaminadas a la información y la formación de los consumidores. La asociación también sugiere implantar un modelo donde se fomente la afiliación en el movimiento de consumidores y usuarios en Extremadura y no la desincentive, pues se trata de agentes sociales del movimiento civil con reconocimiento constitucional.

Por todo ello, FACUA Extremadura considera inadmisible que el Incoex haya hecho caso omiso a sus valoraciones, y en la propuesta de presupuestos para 2023 se mantenga el mismo sistema de concesión de ayudas públicas a las asociaciones de consumidores y usuarios que se viene aplicando desde hace años, un modelo que carece de transparencia e igualdad y que desincentiva el movimiento consumerista.

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