Incoado expediente sancionador a Iberia por no contestar a las reclamaciones de los usuarios

La compañía no acreditó convenientemente a la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla haber contestado a ninguna de las hojas de reclamaciones registradas en la provincia en 2006.

El Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla ha incoado un procedimiento sancionador contra Iberia al detectar que la compañía no le acreditó convenientemente las preceptivas respuestas requeridas ante las veintidós hojas de reclamaciones registradas durante 2006 en la provincia.

Se trata de la "práctica habitual" de la compañía, según el delegado del Gobierno andaluz, Demetrio Pérez. Iberia ha presentado sus alegaciones ante el expediente, tras lo que se emitirá una propuesta de resolución, acto administrativo que podrá ser impugnado nuevamente por la empresa una vez se abra un segundo y último plazo de alegaciones.

Según el citado expediente sancionador, fueron veintidós las hojas de reclamaciones registradas en dicha administración durante 2006 y en relación a la compañía de transporte de viajeros Iberia. Instruidos los expedientes de reclamación para esclarecer los hechos y propiciar un acuerdo entre el interesado y la entidad reclamada, el servicio de Consumo requirió a la aerolínea la acreditación del cumplimiento de la obligación legal de contestar al reclamante, las alegaciones oportunas, la respuesta motivada a las cuestiones planteadas y la manifestación expresa de la disponibilidad a someterse, de forma voluntaria, a un arbitraje de consumo.

La investigación administrativa reveló que existe una "práctica habitual" por parte de Iberia de "no dar respuesta" a las reclamaciones presentadas por los consumidores, extremo que el servicio de Consumo creyó agudizado dada la estructura y los medios humanos y materiales de los que dispone la compañía para el cumplimiento correcto de las normas jurídicas aplicables.

En ese sentido, el servicio de Consumo considera que tales hechos podrían constituir una infracción administrativa en materia de protección al consumidor tipificada en la Ley 13/2003 de 17 de diciembre de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. El artículo 71.8.3 recoge esta infracción que, calificada como grave, consiste en no responder en el plazo de diez días a las quejas y reclamaciones que presenten los consumidores. La sanción asociada a la misma oscila entre los 5.001 y los 30.000 euros.

La infracción podría calificarse de grave debido a que "se ha faltado a los más elementales deberes de diligencia exigibles", considerando además que los datos que rodean a las veintidós citadas hojas de reclamaciones dan a entender que la empresa "mantiene una práctica continuada de no dar satisfacción a los consumidores en forma de respuesta argumentada".

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