Prohibida la captura de coquinas y chirlas en dos puntos del litoral de Huelva por contener toxinas

Tras los últimos análisis realizados por el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros.

La Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Huelva prohibió hoy la captura y comercialización de coquinas (Donax trunculus) y chirlas (Chamelea gallina) en dos zonas del litoral onubense debido a la presencia en los bivalvos de la toxina DSP, cuyo consumo supone un riesgo para la salud.

Concretamente, se ha prohibido la captura de coquinas en la zona costera comprendida entre la desembocadura del río Piedras y el cruce de la playa de La Bota, y la de chirlas en la zona exterior del dique Juan Carlos I, desde el cruce de La Bota hasta la punta del Picacho, excluyendo la ría de Huelva, según detalló la Junta en un comunicado.

La prohibición se produce tras los últimos análisis realizados por el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros, dependiente de la Junta de Andalucía y ubicado en Cartaya, que muestran la presencia de esta toxina en ambos bivalvos.

La Junta de Andalucía indica en su comunicado que de forma continuada realiza controles para comprobar el estado de los moluscos del litoral onubense con objeto de detectar cualquier anomalía que pueda desaconsejar su consumo. Asimismo, las inspecciones constantes permiten levantar las prohibiciones en cuanto se comprueba que los animales están en perfectas condiciones para su consumo.

Éstas son las únicas zonas y especies afectadas en estos momentos por prohibición en la costa de Huelva.

La Delegación de Agricultura y Pesca recuerda que está prohibido el marisqueo sin la correspondiente licencia, según recoge la Ley andaluza 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, fomento y control de la pesca marítima y el marisqueo y la acuicultura marina, con objeto de promover la conservación de los recursos marinos y salvaguardar los intereses de los pescadores.

La normativa recoge sanciones cuya cuantía oscila entre los 301 y los 600.000 euros para las personas que capturen bivalvos sin autorización.

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