Por la Comisión de Justicia del Congreso

Aprobado el dictamen de la Ley de Comunicaciones Electrónicas que permite acceder a datos para perseguir delitos graves

Los datos que deben retenerse estarán exclusivamente vinculados a la comunicación, no revelarán su contenido y su cesión se realizará sólo bajo autorización judicial.

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó hoy el dictamen del Proyecto de Ley de Conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas, del que ha sido ponente el diputado socialista Juan Luis Rascón.

Rascón destacó que reforzará los instrumentos disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad pública de los cuerpos policiales competentes, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Vigilancia Aduanera.

En su intervención ante la Comisión, según informó hoy el Grupo Parlamentario Socialista, Rascón explicó que gracias a la nueva norma los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el CNI y Vigilancia Aduanera "podrán acceder a unos datos que, en la actualidad, no están siempre disponibles y dificultan la persecución de los delitos" graves. Según dijo, esta medida "además de eficacia policial busca que esa persecución de la delincuencia más grave se forje desde el Estado de Derecho".

Rascón explicó que, fruto de las enmiendas introducidas en la tramitación de la norma, "el tiempo de conservación de los datos por los operadores será de 12 meses, el plazo de cumplimiento de la cesión de datos lo fijará el juez y el tiempo de adaptación tecnológica de los operadores a la nueva regulación será de 6 meses".

Asimismo, explicó que el Proyecto de Ley trata de "trasponer la directiva europea al ordenamiento jurídico español", con el objetivo de establecer "la obligación de los operadores de telecomunicaciones de retener determinados datos generados en cualquier tipo de comunicación electrónica (telefonía móvil, fija e Internet), así como de entregarlos cuando se les requiera para la investigación, detección o enjuiciamiento de delitos graves".

Respecto a la directiva europea, subrayó que los españoles figuran entre los primeros en incorporar a nuestro ordenamiento esta norma comunitaria, "en la que se han tenido en cuenta todos los intereses en juego aunque han prevalecido siempre los de los ciudadanos" y, en concreto, "los relativos a la privacidad y a la intimidad de las comunicaciones".

"Los datos que deben retenerse estarán exclusivamente vinculados a la comunicación y no revelarán en ningún caso el contenido de ésta, además, la cesión de los mismos requerirá siempre la autorización judicial previa, y siempre que la investigación verse sobre delitos graves", indicó.

Otro de los puntos tratados en el dictamen se refieren a los operadores que comercialicen con tarjetas prepago de telefonía móvil, que "deberán llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran esta modalidad".

Los operadores dispondrán de un plazo de dos años para cumplir con las obligaciones de inscripción en el libro-registro para las tarjetas adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

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