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Acciones colectivas para la protección de los intereses de los consumidores

Existe un claro desequilibrio entre usuarios y empresarios cuando se tiene que acudir a vía judicial para resolver un conflicto.

Por Olga Ruiz Legido

El Gobierno se encuentra tramitando el Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, un proyecto normativo que se fija como objetivo teórico suplir la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado, debilidad que se pone especialmente de manifiesto cuando, ante una práctica ilícita por parte del empresario, aquel decide acudir a la vía judicial. En estos casos, existe un desequilibrio entre las posiciones del consumidor y el empresario en detrimento del primero, entre otros elementos, por la diferencia de recursos al alcance de cada uno y de capacidad económica para soportar los gastos que un proceso judicial lleva consigo.

Las llamadas acciones colectivas no pretenden proteger solo los derechos subjetivos e individuales de consumidores y usuarios afectados por una conducta profesional o empresarial abusiva sino que tienen la finalidad también de reaccionar frente a conductas ilícitas que pueden lesionar a una pluralidad de consumidores, siendo derechos e intereses colectivos los que están en juego, y con el propósito último evitar la extensión del perjuicio y disuadir de la realización en lo sucesivo de comportamientos lesivos similares que perjudican a un conjunto de consumidores.

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