Futura normativa

FACUA considera que el proyecto de Ley sobre bienes tangibles no profundiza en aspectos que podrían evitar otro 'caso Fórum y Afinsa'

Critica que se evite dar un carácter financiero a la actividad que se regula, cuando el negocio en sí plantea características básicas de este tipo de actividades.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica la ausencia de aspectos clave en el proyecto de Ley sobre bienes tangibles que hacen que no cubra algunos vacíos legales existentes hoy en día y que podrían evitar que se repitiera el presunto fraude de Fórum y Afinsa.

FACUA considera que la parte de la actividad regulada por la futura norma relativa a la adquisición de bienes aparejada a un compromiso de recompra por su supuesta revalorización debería ser considerada como financiera y controlada por las instituciones competentes en la materia.

En este sentido, la futura normativa evita darle un carácter financiero a la actividad que regula, ya que no habla de inversiones propiamente dichas e incluso se prohíbe el uso de palabras como inversión, ahorro, rentabilidad, etc. en las comunicaciones comerciales. Sin embargo, al definir los negocios jurídicos que regula, una parte de estos tienen aspectos básicos de una inversión, al tratarse de bienes con compromiso de recompra. FACUA considera que este aspecto puede hacer que la nueva norma sea vista como un maquillaje sobre un problema que no se está abordando como debiera y que deje importantes vacíos legales que puedan dar lugar a fraudes.

FACUA entiende que el aval que la futura norma obligará a las empresas a aportar cuando exista compromiso de recompra debería ser obligatorio en todos los casos, es decir, aunque este compromiso de recompra no exista asegurando al consumidor el importe garantizado o la revalorización prometida.

Por otro lado, FACUA critica que la norma no entre a regular la identificación del bien en concreto, es decir, no establece obligación alguna para que las empresas acrediten y definan concretamente al consumidor y al órgano controlador el bien adquirido, lo que puede dar lugar a posibles fraudes.

FACUA valora positivamente aspectos de la futura normativa, como la obligación de informar sobre el tipo de contrato a realizar y la existencia de una oferta vinculante, es decir, el usuario tendrá un plazo de tiempo para estudiar el contrato y decidir si quiere o no firmarlo.

En este sentido, el contrato será firmado ante notario, elevándolo a escritura pública, aportando así un elemento más de seguridad. Sin embargo, FACUA considera que además se podrían haber creado registros de las empresas que se dedican a este tipo de actividad.

FACUA entiende que los gastos de notaría deberían correr como gasto de la empresa en todos los casos porque la elevación a escritura pública de este tipo de contrato es un coste que deriva directamente de la prestación de este tipo de actividades y, además, es una obligación de la empresa. La futura norma refleja que quien escoge el notario es quien lo paga.

FACUA también critica que las sanciones previstas por la futura normativa son insuficientes y que no servirán como elemento disuasorio para las empresas.

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