El Congreso aprueba la Ley que obliga a las operadoras a conservar un registro de llamadas y conexiones a Internet

Las compañías de telefonía deberán identificar a los clientes con tarjeta de prepago.

El Pleno del Congreso aprobó hoy el dictamen de la Ley de Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, que establece la obligación de las operadoras de comunicaciones de conservar un registro con una vigencia de 12 meses de las comunicaciones a través de Internet y teléfono, con el objetivo de la prevención e investigación de delitos.

Las compañías prestadoras de servicios de telefonía e Internet deberán guardar un registro de las llamadas y conexiones, por fecha, hora y destinatario, pero en ningún caso el contenido de las mismas.

El texto fue aprobado con un voto en contra y la abstención del PP. De esta manera, comienza el trámite para la adaptación de una normativa europea de obligado cumplimiento en los países miembros, que pasará a continuación a debate en el Senado. Según la normativa, la cesión de estos datos sólo se hará a los cuerpos policiales autorizados en el marco de una investigación criminal para la persecución de delitos "graves", término introducido durante el debate parlamentario. También se cederán a la Dirección de Vigilancia Aduanera o al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

En concreto, los datos que deberán conservar las compañías son los necesarios para conocer el origen y destino de las comunicaciones, la identidad de los usuarios y la duración de cada comunicación, así como la identificación del equipo empleado. El plazo, fijado por la Directiva comunitaria en doce meses, podría reducirse a seis meses o ampliarse a dos años por medio del reglamento, según consta en el dictamen aprobado hoy. Las compañías tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a la nueva regulación.

Registro de tarjetas prepago

La Ley contempla además la obligación para las operadoras de telefonía de crear un libro-registro de las tarjetas prepago de telefonía en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la norma, con los datos identificativos de sus propietarios. En el caso de las tarjetas compradas antes de la entrada en vigor de la norma, las compañías tendrán que anular o desactivar las tarjetas cuyos titulares no se hayan podido identificar, previa compensación por el saldo pendiente de consumo.

Según el diputado socialista Sebastián Fuentes, con la iniciativa "se refuerzan considerablemente los instrumentos disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad pública de los cuerpos policiales competentes", tanto estatales como autonómicos, ya que éstos "podrán acceder a unos datos que, en la actualidad, no están siempre disponibles y dificultan la persecución de los delitos". Además, para Fuentes, "este acto legislativo contribuye a consolidar el espacio único europeo de seguridad y justicia en el marco de la cooperación europea, para luchar con mayor eficacia contra la delincuencia organizada y sobre todo, contra el terrorismo, una amenaza a la que somos especialmente sensibles en nuestro país".

También destacó que este Proyecto de Ley "se ha elaborado sobre la base de la seguridad pública y el respeto de los derechos individuales que puedan verse afectados, como son los relativos a la privacidad y a la intimidad de las comunicaciones, en el marco de otras Leyes ya existentes en nuestro ordenamiento jurídico como la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal".

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