La XVI Asamblea General de FACUA demanda más controles sobre la seguridad alimentaria

La Federación dedica el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores a las carencias en los sistemas de control alimentario y los peligros de la búsqueda de la mayor producción al menor coste.

La XVI Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), que reunió ayer en Sevilla a más de 40 representantes de sus ocho asociaciones provinciales, ha aprobado una resolución en la que exige más controles sobre la seguridad alimentaria ante las carencias existentes a nivel mundial y los peligros derivados de los excesos que se cometen en la búsqueda de la mayor producción al menor coste.

FACUA dedica este año el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se celebra hoy 15 de marzo, a las carencias en los sistemas de control alimentario. La Federación ha editado un folleto conmemorativo, que distribuye en las ocho provincias andaluzas, en el que pone de manifiesto la necesidad de que los consumidores se unan en grandes asociaciones para hacer frente a los abusos y fraudes que se cometen en el mercado y tener fuerza para hacer que los gobiernos cumplan su cometido en la protección de sus derechos.

Resolución aprobada por la XVI Asamblea General de FACUA

“Podemos decir que, desde el aceite de colza a las vacas locas, dos grandes, lamentables y luctuosos acontecimientos relacionados con la seguridad alimentaria han marcado el nacimiento y el 20 Aniversario del movimiento consumerista andaluz como dos sonoros aldabonazos de enorme trascendencia en la conciencia de los consumidores, atentando contra la salud y la seguridad de los mismos.

Hace dos décadas, el síndrome tóxico del aceite de colza desnaturalizado de comienzos de los años 80 causó centenares de muertes y secuelas que aún son padecidas en la actualidad por miles de españoles, removiendo los cimientos de una sociedad de consumo aún incipiente y sirviendo de catalizador para la puesta en marcha de movimientos y organizaciones ciudadanas que desde su militancia trabajasen por un mercado más justo y seguro en el que el consumidor no estuviese a expensas de desaprensivos dispuesto a poner en peligro su vida para enriquecerse.

A principios del siglo XXI, la crisis de la Encefalopatía Espongiforme Bovina ha puesto en evidencia, una vez más, la ineficacia de los controles sobre la producción alimentaria en el mundo occidental, que ven como la epidemia de vacas locas azota sin piedad a numerosos países europeos. Esta crisis nos alerta y nos pone en guardia ante el hecho cierto de que queda mucho por hacer en este terreno, aún veinte años después del síndrome tóxico, a la vez que pone de manifiesto que los consumidores europeos no podemos ni debemos confiarnos a los insuficientes mecanismos existentes en la actualidad para la salvaguarda del mercado alimentario.

La salvaje batalla industrial y empresarial por generar alimentos a bajo coste está en la génesis de ambas desgracias. Problemas tan graves como estos dos, emblemáticos en su género, son el resultado previsible del afán del empresariado y de la industria alimentaria por conseguir una superproducción al menor coste que le garantice mayor cuota de mercado y mayores beneficios, así como de las carencias de los controles por parte de los gobiernos sobre el mercado alimentario.

No hay que olvidar que hace menos de dos años otros dos escándalos sacudieron y pusieron en evidencia los actuales sistemas administrativos de control alimentario existentes en Europa: la crisis de las dioxinas y la de la Coca-Cola, que tambaleó los cimientos del gigante de Atlanta y añadieron nuevos elementos de juicio para calibrar la fragilidad del mercado en este sentido.

A ello tenemos que sumar circunstancias preocupantes como el hecho de que la seguridad de los alimentos y transgénicos no ha sido suficientemente contrastada a pesar de su generalización y el levantamiento de muchas de las trabas a su comercialización en Europa que exigía un más elemental principio de precaución. O la evidencia de que, para el engorde del ganado, para exprimir la productividad de los campos de cultivo o para la conservación de los alimentos y la mejora de su aspecto, se utilicen sustancias (algunas ilegales, otras no) que pueden tener consecuencias negativas para la salud humana.

Ante tales circunstancias, no cabe ninguna duda de que los controles alimentarios todavía son insuficientes. Aunque dichos controles sobre la seguridad de los alimentos son mucho mayores que hace dos décadas, la tozudez de los hechos demuestra que todavía se producen numerosas irregularidades que los gobiernos no son capaces de evitar y que ponen en peligro la seguridad de los consumidores europeos.

Los consumidores organizados debemos exigir a quienes nos gobiernan que den prioridad a nuestra salud y no la pongan por debajo de los intereses económicos de las grandes empresas, adoptando medidas de control más rigurosas y aplicando el principio de precaución ante las innovaciones incapaces de demostrar su inocuidad para los consumidores.

Por ello, debemos exigir más controles. Es necesario que aumenten las inspecciones sobre los productos alimenticios que llegan al mercado en todas sus fases, desde la crianza de los animales, el cultivo de los productos agrícolas o el uso de productos químicos, hasta la distribución de los alimentos en los puntos de venta, pasando por la manipulación, envasado, etiquetado, conservación. En definitiva, un control integral sobre las diferentes fases del proceso productivo y comercializador que contribuya a paliar las irregularidades y sirva de aviso para empresarios poco escrupulosos que están dispuestos a incrementar sus beneficios a costa de la salud y los intereses económicos de los consumidores.

Asimismo, una sociedad moderna y participativa exige que los ciudadanos representados a través de las organizaciones de consumidores y usuarios puedan ejercer un control sobre la actividad inspectora de las Administraciones públicas a través de la creación de órganos consultivos y de seguimiento, así como dotándolas de medios y recursos para desarrollar por sí mismas una labor paralela de control de mercado”.

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