Fórum y Afinsa: quién debe pagar

Miles de víctimas de la presunta gestión fraudulenta de Fórum y Afinsa se han manifestando en distintos puntos del país, para "criticar al Gobierno por el olvido de su problema" y para "pedir a la sociedad soluciones eficaces que les permita recuperar sus dineros invertidos en las citadas empresas", según informaron los distintos medios de comunicación. Dichas protestas fueron convocadas por distintas plataformas de afectados de diferentes comunidades autónomas.

Es comprensible la desesperación de los afectados por el fraude sufrido y es obvio también que muchos de ellos entiendan que el dinero que les estafaron las dos empresas intervenidas por la Audiencia Nacional debe pagarlo alguien, pues su pérdida les representa un gravísimo problema en su economía familiar.

Asimismo, es normal que una parte pueda creer que el culpable fue el gobierno de turno por no evitar a tiempo la estafa que se estaba produciendo, aunque esto deberá ser probado en los tribunales, y lleguen incluso a criticar en las manifestaciones más al señor Zapatero que a los dueños de Fórum y Afinsa que son, sin ninguna duda, los que se han enriquecido a costa de sus ahorros o inversiones y que deben ser los que devuelvan el dinero.

Desde FACUA respetamos las actuaciones que realizan cada una de las organizaciones o plataformas que representan a colectivos de afectados, como es nuestro caso, pero nos parece prematuro afirmar que el Estado es responsable y por ello debe pagar, cuando aún el procedimiento judicial está en sus inicios y no hay datos suficientes.

Por ello es aventurado defender desde ya que sea la sociedad en su conjunto la que haga frente a la devolución de los miles de millones de euros invertidos en las dos empresas intervenidas correctamente por la Audiencia Nacional.

Se entiende que los afectados quieran recuperar sus inversiones, y para ello está trabajando también FACUA en representación de los varios miles de consumidores que confiaron en nosotros, pero entendemos que igualmente debe ser comprensible para ellos que los tribunales de justicia necesitan tiempo para evaluar con toda rigurosidad el conjunto del problema y estudiar caso a caso la situación de las inversiones de los afectados, las propiedades inmobiliarias y de todo tipo que puedan tener las dos empresas dentro y fuera de España, el valor de los sellos depositados en las firmas, los débitos existentes...

También se debe comprender que los tribunales necesitan tiempo para investigar lo ocurrido, recopilar datos e informes y, en definitiva, para la instrucción de unos procedimientos de cuyo resultado se podrá determinar si se han producido o no negligencias por parte del Estado y si existieron o no responsabilidades por parte del Gobierno o de los gobiernos que hubieran estado en las distintas fechas en que se cometieron las irregularidades, cuestión que no descarta reclamar FACUA cuando llegue el momento oportuno y siempre que haya argumentos suficientes que lo avalen.

Pero esta defensa de los afectados hay que hacerla de manera rigurosa, evitando la demagogia fácil y sin intereses partidistas.

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