Consumo niega a FACUA financiación para investigar y denunciar fraudes porque le provoca "presión social"

El Ministerio de Consumo ha negado a FACUA-Consumidores en Acción financiación para investigar y denunciar fraudes con el argumento de que le provoca "presión social". En la resolución de la convocatoria de subvenciones a las asociaciones de consumidores de este año, el departamento que dirige Alberto Garzón también ha rechazado una campaña para controlar los precios de la luz y el gas que venía sufragando en ejercicios anteriores.

FACUA considera de extrema gravedad el veto del Ministerio de Consumo y cree que intenta así limitar su capacidad de controlar el mercado y denunciar las prácticas ilícitas que se produzcan en él, en perjuicio de los intereses de los consumidores.

Curiosamente, las ayudas que Consumo niega ahora a FACUA por considerar "improcedente" e incluso "imposible" otorgárselas, le han sido concedidas para proyectos similares durante las dos últimas décadas por el ministerio competente en la protección de los consumidores. De hecho, en los tres años en que Garzón ha sido ministro de Consumo, su departamento ha destinado a FACUA financiación para programas prácticamente idénticos a los que ahora le rechaza.

El trasfondo, más de 600 empresas denunciadas por FACUA

Como trasfondo de la decisión, las denuncias contra más de 600 empresas presentadas por FACUA ante el Ministerio de Consumo durante la legislatura, casi ninguna de las cuales ha recibido respuesta. Una pequeña parte de esas denuncias fue fruto de estudios realizados por la asociación en el marco de programas financiados por el ministerio.

"Resulta imposible subvencionar un programa que tiene como finalidad efectuar estudios sobre incumplimientos legales", dice el documento, con el argumento de que ello "en definitiva supone trasladar a las Administraciones Públicas la presión social que implique la difusión de sus resultados, sin haber tenido aquellas, con carácter previo, intervención ni conocimiento de las actividades desarrolladas o haber podido constatar los incumplimientos legales o contractuales que se detecten en el desarrollo y ejecución del proyecto".

"Evitar el aumento excesivo de precios excede de las competencias"

Otra de las motivaciones para rechazar una campaña similar a las que FACUA ha desarrollado en los últimos años con financiación de Consumo es "evitar el aumento excesivo de precios excede de las competencias horizontales de protección de los consumidores y usuarios" del ministerio. Argumento con el que concluye ahora que "no se debe acceder a la subvención de este programa".

Sin embargo, FACUA lleva años desarrollando proyectos subvencionados por Consumo en los que se incluyen análisis sobre la evolución de los precios de la electricidad y el gas. Análisis que han contribuido a poner en evidencia incrementos desproporcionados y prácticas abusivas ante las que la asociación viene reclamando al Gobierno que intervenga con mayor contundencia en ambos sectores para frenar sus subidas e irregularidades.

El Ministerio de Consumo de @agarzon niega a FACUA financiación para investigar y denunciar fraudes porque le provocamos "presión social". Como trasfondo, nuestras denuncias contra más de 600 empresas, casi ninguna de las cuales ha recibido respuesta.https://t.co/uwC5Fvq5Pf

— Rubén Sánchez🔻 (@RubenSanchezTW) August 30, 2023

¿Competencias exclusivas?

En el texto de la resolución sobre las subvenciones se advierte de que "las autoridades competentes son, además, quienes han de llevar a cabo el análisis de las prácticas comerciales desleales, ya sea a iniciativa propia o por denuncia".

Se trata, advierte FACUA, de otro intento de coartar el campo de actividad de las asociaciones de consumidores que, además, entra en la contradicción de afirmar al mismo tiempo que las actuaciones de las autoridades puedan llevarse a cabo como consecuencia de denuncias. Denuncias que, obviamente, requieren previamente del análisis de las prácticas comerciales por parte del denunciante, con independencia de que sea la autoridad competente la que tenga la potestad de resolver si infringen o no la legislación.

Así, las autoridades no tienen la competencia exclusiva del análisis de las prácticas comerciales desleales, sino la de aplicar sanciones contra las empresas que resuelva que incurren en ellas, recalca FACUA.

Frente a ello, el documento del ministerio señala "la improcedencia de que una asociación de consumidores lleve a cabo la elaboración, publicación o difusión de un estudio subvencionado por la Administración Pública para, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador". Sin embargo, no existe ninguna norma que considere improcedente que esa actividad sea objeto de financiación pública.

Por primera vez en la historia, el ministerio competente en protección de los consumidores niega financiación a proyectos de una asociación de consumidores basándose en que las actividades previstas en él están dentro de las competencias de la administración.

Pero al tiempo que rechaza subvencionar el análisis de prácticas comerciales desleales con el argumento de que esa es una competencia del ministerio, Consumo sí ha accedido a financiar un programa de FACUA centrado en informar a los consumidores vulnerables sobre sus derechos, algo que también compete al departamento que dirige Garzón. El real decreto por el que se establecen las competencias del Ministerio de Consumo señala que entre ellas está proporcionar a los ciudadanos "información, formación y educacion sobre los derechos que asisten a los consumidores, en particular, a los más vulnerables".

"Podrían inducir a los ciudadanos a error"

Otro causa esgrimida por el ministerio para justificar su veto es que "los resultados que podrían obtenerse de los estudios y hacerse públicos, consecuencia de la ejecución de un programa subvencionado por el Ministerio de Consumo, podrían inducir a los ciudadanos al error de que los análisis y la comunicación han sido llevados a cabo por las propias Administraciones Públicas competentes".

Para intentar reforzar ese argumento, el documento señala que "hay que recordar que en cada programa subvencionado debe indicarse que se ha financiado por el Ministerio de Consumo, lo que incrementaría el riesgo de confusión". Sin embargo, Consumo pasa por alto que la propia orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones establece que, al difundir sus actividades, junto al logotipo del ministerio siempre debe indicarse que el contenido es "responsabilidad exclusiva de la asociación beneficiaria".

Las cuantías

El Ministerio de Consumo ha resuelto destinar este año ayudas para programas específicos a seis asociaciones de consumidores y una de cooperativas. Como consecuencia del veto a dos de los tres proyectos presentados, FACUA queda en la penúltima posición de las asociaciones, con 102.537 euros. Por delante están los 497.495 euros otorgados a Asufin, 201.909 euros a AUC, 144.589 euros a OCU y 139.975 euros a CECU. A UNAE 82.422 euros y a la confederación de cooperativas de consumidores Hispacoop (Eroski, Consum...) 69.629 euros.

En cuanto a las ayudas para el fomento de las asociaciones consideradas más representativas por el ministerio cuando se lanzó la convocatoria, Consumo destina para gastos estructurales 584.367 euros a FACUA, 438.617 euros a Adicae, 276.033 a OCU, 214.119 a CECU, 123.093 euros a UNAE y 60.702 a AUC.

En el caso de la confederación de cooperativas Hispacoop, el importe son 112.042 euros. Asufin no pudo acceder a la convocatoria de fomento ya que aún no había sido reconocida como asociación más representativa, algo que el ministerio evalúa cuatrienalmente, cada vez que publica la resolución para concurrir a formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). El nuevo CCU está compuesto por Adicae, Asufin, AUC, CECU, FACUA, FUCI, Hispacoop, OCU y UNAE.