EL TDC ordena pagar a Telefónica, Santander y 4B multas por 1,5 millones impuestas en 2001 y 2002

Telefónica Móviles fue sancionada con 300.506 euros, el Santander con 600.000 y 4B con esta misma cantidad.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha ordenado a Telefónica Móviles España, por un lado, y al grupo Santander y al Sistema 4B, por otro, el pago de multas impuestas en los años 2001 y 2002, respectivamente, que suman un importe conjunto de 1,5 millones de euros.

Las resoluciones del TDC, a las que tuvo acceso Europa Press, ordenan el pago de 300.506 euros a Telefónica Móviles España, y de 1,2 millones de euros al Sistema 4B y al Santander, a razón de 600.000 euros a cada una de estas entidades.

El caso de Telefónica se remonta a una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de abril de 2001, en la que este organismo impuso a Telefónica Servicios Móviles la citada sanción por elaborar "listas negras" en las que impedía a diversos mayoristas vender a determinados distribuidores.

Telefónica Móviles España recurrió ante la Audiencia Nacional la sentencia, pero la resolución ha adquirido el carácter de firme. Según el Servicio de Defensa de la Competencia, a quien corresponde vigilar el cumplimiento de las sentencias del TDC, la compañía no ha abonado la multa, por lo que el organismo que preside Luis Berenguer le ordena que realice el pago de la misma.

El caso de Sistema 4B y el grupo Santander es similar. El abril de 2002, el TDC impuso una multa de 600.000 euros a cada una de estas otras entidades, y sancionó además a otras sociedades, por abuso de posición dominante, competencia desleal y realización de acuerdos colusorios.

Tras los correspondientes recursos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo dio el carácter de firme a la sentencia, por lo que el TDC ordena tanto al banco como al sistema de medios de pago el abono de las correspondientes sanciones.

Tanto en el caso de Telefónica como en el de Santander y Sistema 4B, la resolución de ejecución de sentencia del TDC pone fin a la vía administrativa, si bien los interesados pueden recurrirla ante la Audiencia Nacional por la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.

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