SEGÚN AI

Sólo uno de cada cuatro joyeros españoles relaciona los 'diamantes de sangre' con la financiación de conflictos

Una encuesta de Amnistía Internacional revela que únicamente uno de cada cinco joyeros conoce el sistema internacional de certificación de las piedras preciosas.

Sólo uno de cada cuatro joyeros españoles relaciona los diamantes de sangre con la financiación de conflictos en los países del Sur; sólo uno de cada cinco conoce el sistema internacional de certificación de las piedras preciosas acordado por los gobiernos (Proceso Kimberley) y sólo uno de cada seis entrega siempre al comprador un certificado sobre la procedencia de los diamantes, según un informe elaborado por Amnistía Internacional.

El trabajo, denominado ¿Conoce usted el Proceso Kimberley de certificación de diamantes?, ha llevado a los miembros de la organización a realizar 100 encuestas de forma aleatoria a minoristas de joyería en diez comunidades autónomas para concluir que, tanto el citado proceso como los llamados diamantes de sangre son "grandes desconocidos para las joyerías españolas".

"Aunque las respuestas obtenidas responden a un muestreo y sólo representan una proporción pequeña del sector de la joyería en España, demuestran que no siempre se puede asegurar que los diamantes a la venta no han servido para financiar conflictos y que tanto los gobiernos como el sector del diamante deben reforzar los compromisos asumidos en virtud del Proceso Kimberley a lo largo de toda la cadena: desde la extracción de la piedra hasta su venta en las joyerías", explicó la responsable del Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional España, Mónica Costa.

No en vano, mientras un 53% de los joyeros encuestados afirmó conocer el Proceso Kimberley, sólo un 21% tenía "un conocimiento correcto" del mismo y, aunque el 81% de los entrevistados dijo "haber oído el término 'diamantes ensangrentados'", sólo el 25% supo relacionarlo con la financiación de conflictos.

En cuanto a la certificación para el cliente, el estudio de Amnistía concluye que un 83% de los proveedores ofrecen dicha acreditación, pero "en la gran mayoría" de las joyerías se trata de una referencia de calidad que no refleja la procedencia del diamante. Así, sólo un 16% de las joyerías entregan una garantía por escrito automáticamente con la compra, mientras el 21% lo hace sólo a petición del cliente, por lo que el 61% de los consumidores no obtendrían ningún tipo de garantía, pues el mismo porcentaje de clientes no la demandan.

Falta implicación en el sector

Según Amnistía Internacional, es necesaria la implicación de los joyeros, pero también de gobiernos y consumidores para que el sistema de certificación de diamantes sea creíble y funcione. Por ello, la organización demanda un código de conducta aplicable a todo el sector del diamante para impedir la compra y venta de piedras en zonas de conflicto, la aplicación de un sistema de garantías en todas las operaciones con diamantes y la comunicación con empleados de las empresas para dar a conocer las políticas de la industria y cómo combatir el comercio de diamantes de sangre.

La Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros afirma que en España no hay importación de diamantes en bruto ni industria del tallado, sino que los diamantes que se venden en nuestro país vienen ya tallados y proceden de proveedores internacionales, principalmente de Amberes, por lo que ya cuentan con todas las garantías. Sin embargo, para Amnistía Internacional el sector de la joyería representa el último eslabón en el comercio de diamantes y por tanto también debe proporcionar la información y garantías suficientes al consumidor sobre la procedencia de este recurso natural.

Esta Asociación -que agrupa 12 mil asociados- informa en su página web sobre los diamantes de sangre, explicando qué es el Proceso Kimberley y quién forma parte de éste. Sin embargo, no proporciona información sobre el sistema de autorregulación voluntario que el sector del diamante se comprometió a poner en marcha, denuncia la organización.

Representantes de esta Asociación dijeron a Amnistía Internacional en febrero de 2007 que habían informado a sus asociados sobre qué son y qué problemas plantean estos diamantes y sobre los acuerdos del Proceso Kimberley. La Asociación también se comprometió a considerar la posibilidad de recordar a sus asociados que, según el sistema de autorregulación de la industria del diamante, deben pedir garantías por escrito por parte de los fabricantes acerca de la procedencia de los diamantes. Amnistía Internacional desconoce si esta medida se ha puesto en marcha.

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