El Gobierno Vasco abre siete expedientes sancionadores por la suscripción a servicios de SMS sin consentimiento de los usuarios

Considera que <i>"se vulnera de forma sistemática el deber de información previa a la celebración de un contrato"</i>.

La Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno Vasco ha iniciado siete expedientes sancionadores, que podrían sumar un total de 65.000 euros de multa, contra dos operadoras de telefonía y siete empresas publicitarias y de gestión de datos por la facturación indebida de los denominados SMS Premium.

El pasado mes de abril, Consumo ya envió a las compañías de telefonía una carta en las que les exigía el cese de esta práctica, que vulnera los derechos de los consumidores, y que se devolviese el dinero cobrado de forma irregular.

Desde entonces, el número de reclamaciones motivadas por esta causa ha ido en aumento. Todas las personas afectadas presentan facturas de telefonía en las que se les cobra por un servicio de recepción sucesiva de mensajes que en ningún momento contrataron.

El sistema utilizado por las empresas es el siguiente: el usuario envía con su móvil un mensaje corto para participar, por ejemplo, en un concurso o descargar melodías en respuesta a un anuncio publicitario. El problema aparece cuando quienes han enviado dicho SMS pasan a ser dados de alta, sin saber lo que están suscribiendo y sin dar su consentimiento, en un servicio de recepción de mensajes por los que tienen que pagar un precio. El operador y el anunciante se reparten los beneficios.

"Esta facilidad para darse de alta contrasta", advierte la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco, "con la dificultad que encuentran las personas afectadas para solicitar la baja cuando se dan cuenta de que se les está cargando en su factura unos servicios que desconocían haber solicitado, o con las trabas que encuentran cuando piden que les sean devueltos los importes que consideran cobrados de forma indebida".

Inexistencia de documento contractual o consentimiento previo

La Dirección de Consumo y Seguridad Industrial se puso en contacto con las empresas reclamadas, para que acreditasen la relación contractual en base a la que prestaban los servicios de envío de SMS sin que, en ninguno de los casos, se aportase prueba alguna de la existencia de un contrato ni la de una publicidad que advirtiese de las repercusiones de enviar el mencionado mensaje.

Por lo tanto, Consumo advierte que "se vulnera de forma sistemática el deber de información previa a la celebración de un contrato, así como la obligación de confirmar de forma documental la aceptación del mismo. Queda claro que las personas afectadas no sabían que iban a ser dadas de alta en los mencionados servicios y, sobre todo, que no habían consentido en ello".

A la vista de la existencia de estas infracciones, Consumo del Gobierno Vasco ha abierto los correspondientes expedientes sancionadores por un total de 65.000 euros contra dos operadoras de telefonía y siete empresas dedicadas a proveer contenidos multimedia. Hay que recordar que la Administración no puede obligar a una empresa a pagar una indemnización. Su labor es la de mediar entre las partes en busca de una solución o imponer sanciones en caso de observar irregularidades, tal como ha ocurrido en estos casos.

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