FACUA valora positivamente la retirada

Gas Natural retira del Supremo su recurso contra la sentencia que declaró ilegal el cobro por el uso de sus instalaciones comunitarias

Se trata de cantidades facturadas sin autorización legal hasta agosto de 2005, junto a cuotas de alta no reguladas durante años por las comunidades autónomas.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) valora positivamente la decisión de Gas Natural de retirar el recurso de casación que presentó ante el Tribunal Supremo en 2004 contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba que declaraba ilegal el cobro a los usuarios de las cuotas de alta y por el uso o mantenimiento de las instalaciones comunitarias propiedad de la compañía.

FACUA considera que el fin del procedimiento judicial posibilita que los usuarios reclamen, apoyándose en esta jurisprudencia, tanto la cuota de alta que pagaron en su día si ésta no contaba entonces con autorización de su comunidad autónoma, como las cantidades que hubiesen pagado bimestralmente por la utilización de las instalaciones de sus edificios propiedad de la empresa hasta agosto de 2005. A partir de esa fecha, el Ministerio de Industria cambió la legislación y autorizó el cobro de esta tarifa por el "uso de las instalaciones receptoras comunes".

FACUA está en contacto con Gas Natural para canalizar las reclamaciones planteadas por sus socios y resolverlas en el marco de las relaciones de mediación que mantiene con la compañía.

La Federación comenzó a denunciar estos cobros irregulares en 1994 en Andalucía y en los primeros años de ésta década pidió la intervención de las diecisiete comunidades autónomas, lo que ha motivado varios expedientes sancionadores contra la compañía. Paralelamente, a raíz de una demanda del Ayuntamiento de Córdoba, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba declaró en 2003 que esos cobros eran ilegales en una sentencia que fue ratificada por la Audiencia Provincial. Ahora, Gas Natural ha retirado el recurso de casación que presentó ante el Tribunal Supremo en 2004.

Para calcular las cantidades que pueden reclamar, los usuarios deben revisar sus facturas y sumar la cuotas pagadas por el uso o mantenimiento de las instalaciones comunitarias propiedad de la empresa hasta el 4 de agosto de 2005, fecha a partir de la cual se autorizó su cobro mediante el Real Decreto 942/2005, de 29 de julio. La tarifa puede aparecer en las facturas con varios nombres, entre ellos Instalación Receptora Común (IRC). En el caso de la cuota de alta que abonaron en su día, los usuarios tienen que verificar que entonces su comunidad autónoma no hubiese aprobado aún dicha tarifa.

Por qué era ilegal el cobro del mantenimiento de las instalaciones

Hasta la aprobación del Real Decreto de 2005, el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (Real Decreto 2.913/1973) establecía que era la propietaria de las instalaciones quien tenía que asumir los costes de su mantenimiento, siendo Gas Natural la dueña de una parte importante de las mismas.

Y es que desde la segunda mitad de los 90, la oferta para captar clientes desarrollada por la compañía se basa en que éstos ya no tienen que asumir el alto precio de las infraestructuras necesarias en cada bloque de viviendas para el suministro de gas. Estas nuevas instalaciones son propiedad de la compañía, a diferencia de las existentes anteriormente en inmuebles donde las comunidades de propietarios habían decidido asumir sus costes, aquéllos que contaban con instalaciones de gas ciudad y a comienzos de los 90 fueron adaptadas para el suministro de gas natural o en viviendas unifamiliares donde a la suministradora no le resultara rentable asumir los citados costes.

Los derechos de alta

En cuanto al cobro de los derechos de alta, la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, establece en su artículo 91 que el cliente sólo está obligado a pagarlos si su comunidad autónoma ha aprobado una norma que regule la aplicación de este concepto. La obligación de que las comunidades autónomas autoricen el régimen económico de los derechos de alta para poder aplicarlos fue reafirmada en el artículo 29 del Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre.

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