La CE abre una investigación sobre la legalidad del fondo de pensiones del operador británico de telefonía BT

La investigación se centrará en el hecho de que BT haya sido exonerado de algunas obligaciones financieras.

La Comisión Europea anunció ayer que ha abierto una investigación para averiguar si es legal la garantía pública que cubre el fondo de pensiones del operador británico de telefonía BT o si por el contrario le confiere una ventaja financiera frente a otros rivales europeos.

La investigación se centrará en concreto en una consecuencia de esta garantía pública, el hecho de que BT haya sido exonerado de algunas obligaciones financieras como el pago de una contribución al fondo británico de protección de las pensiones.

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, dijo en un comunicado que, en un mercado liberalizado de telecomunicaciones, "es importante vigilar que BT esté sometido a las mismas reglas y exigencias que sus rivales para garantizar la igualdad de trato y la competencia leal, de manera que los consumidores puedan beneficiarse de servicios de alta calidad y precios competitivos".

El Ejecutivo comunitario comenzó a investigar la garantía pública que cumbre los compromisos de pensión de BT en 2006 a raíz de una denuncia. Esta garantía fue concedida por el Gobierno británico en 1984, cuando se privatizó el operador, con el objetivo de garantizar los derechos de pensión de los trabajadores que estaban en BT en el momento de su privatización.

Esta garantía sólo puede utilizarse si BT entra en una situación de insolvencia y si los activos de su fondo de pensiones son insuficientes para financiar los derechos de los asalariados cubiertos. Bruselas no cuestiona estas medidas de salvaguardia.

Con posterioridad, la legislación británica ha introducido una serie de exigencias para los fondos de pensiones, pero aquellos que se benefician de una garantía pública han quedado exonerados. Por este motivo, el fondo de BT no tiene que cumplir los requisitos mínimos de financiación ni contribuir al fondo de protección de pensiones, un dispositivo puesto en marcha en 2004 para garantizar las pensiones en caso de bancarrota de una compañía.

En el estadio actual de la investigación, Bruselas considera que estas excepciones a la aplicación de las reglas normales pueden conferir una ventaja financiera a BT y por ello constituir ayudas de Estado ilegales.

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