Rechazada la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Telecomunicaciones por los Veintisiete

Consideran que es innecesaria y traerá más burocracia y socavará la autoridad de los reguladores nacionales.

Los ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea debatieron ayer por primera vez la reforma del sector presentada por la Comisión y rechazaron de manera casi unánime una de sus principales novedades, la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Telecomunicaciones, por considerar que es innecesaria, traerá más burocracia y socavará la autoridad de los reguladores nacionales.

La otra propuesta estrella del Ejecutivo comunitario, la división funcional -que consiste en dar poderes a los reguladores nacionales para que puedan forzar a los operadores dominantes, como Telefónica en España, a separar el departamento de servicios y el de gestión de redes- fue acogida con división de opiniones. España, Alemania y Rumanía expresaron su rechazo mientras que Reino Unido, Italia y Países Bajos la respaldaron.

Todos los ministros aseguraron además estar de acuerdo con los objetivos de la reforma del sector de las telecomunicaciones, es decir, fomentar la competencia y reforzar la protección de los usuarios. También apoyaron la propuesta de Bruselas de introducir una mayor flexibilidad en la gestión del espectro radioeléctrico y consagrar el principio de neutralidad tecnológica y de servicios, aunque reclamaron que sean las autoridades nacionales las que tengan la última palabra en cuestiones de espectro.

De los diecinueve países que participaron en el debate, casi todos mencionaron su rechazo a la creación de la Autoridad Europea del Mercado de Telecomunicaciones. Sólo Italia se declaró abierta a esta idea, aunque a "largo plazo" porque en la actualidad los mercados de telecomunicaciones son nacionales. Países Bajos, Francia y Grecia afirmaron que sería suficiente con reforzar el grupo de reguladores nacionales, mientras que Alemania insistió en que la creación de la Autoridad se contradice con el objetivo de la UE de "reducir la burocracia" y lograr que se aplique al sector "el derecho general de competencia, reduciendo las regulaciones específicas".

También Reino Unido señaló que la Autoridad "no es la mejor manera" de conseguir los objetivos de la reforma e impuso una serie de condiciones si finalmente llega a crearse: que sea independiente, que no se inmiscuya en la gestión del espectro y que no tenga competencias en materia de seguridad de redes. Bulgaria afirmó que la creación de un regulador europeo socavaría las competencias de los reguladores nacionales y Eslovaquia destacó que los mercados nacionales de telecomunicaciones son "muy diversos" y no pueden regularse de manera centralizada.

Por su parte, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, dijo que "la solución a los problemas de armonización no pasa necesariamente por la creación de un regulador europeo con competencias sino más bien por el establecimiento de reglas claras, estables y transparentes que proporcionen seguridad jurídica a los agentes, impulsen de manera decidida esa armonización y eliminen privilegios".

Ros rechazó también la separación funcional de los grandes grupos de telecomunicaciones porque a su juicio "podría producir un efecto contrario al deseado". "El operador dominante podría afianzar su dominio al no tener sus competidores incentivos para desarrollar redes y plataformas propias", indicó.

En la misma línea que España se expresó Alemania, que aseguró albergar "dudas" sobre la separación funcional. Por su parte, la delegación rumana resaltó que los reguladores nacionales "ya disponen de instrumentos eficaces para resolver estos problemas de competencia insuficiente" y señaló que la separación funcional "no es una medida adecuada para todos los mercados".

En contraste, el representante de Reino Unido destacó que en su país ya se ha aplicado la separación funcional a British Telecom y "ha sido un éxito" porque ha demostrado que "los mercados abiertos atraen más inversión en la red". No obstante, precisó que la separación debe ser una decisión de los reguladores nacionales y no de Bruselas que debe tomarse tras realizar un análisis económico al margen de presiones políticas.

Por su parte, la delegación italiana reclamó que no se imponga un exceso de condiciones previas para aplicar la separación funcional porque ello haría imposible recurrir a este instrumento. Recordó que el Gobierno de Roma presentó recientemente una propuesta de separación funcional que actualmente está debatiendo el Parlamento.

El debate lo cerró la comisaria Reding, que destacó la "unanimidad" de los ministros sobre los objetivos que debe perseguir la reforma y se declaró "muy optimista" sobre su tramitación. Asimismo, aceptó profundizar el debate sobre las cuestiones más polémicas para ver si es posible "encontrar soluciones técnicas mejores para resolver los problemas".

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