El Gobierno amplía hasta 2012 el descuento a las eléctricas de ingresos derivados de derechos de emisión

Los derechos que han recibido gratuitamente las empresas producen el efecto de subir los precios en el mercado eléctrico, algo que pretende paliar el nuevo Decreto Ley.

El Consejo de Ministros aprobó el 7 de diciembre un Real Decreto Ley por el que extiende hasta el período 2008-2012 la detracción de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica del mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

El Gobierno ya aprobó un Real Decreto Ley en este sentido el 26 de febrero de 2006, pero sólo tenía vigencia limitada y se aplicaba a los derechos de emisión asignados de acuerdo con el Plan Nacional de Asignaciones (PNA) 2005-2007.

El Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2008-2012, aprobado por el Gobierno, establece la asignación gratuita a las instalaciones de producción de energía eléctrica.

Según el Gobierno, estos derechos de emisión que han recibido gratuitamente las empresas emisoras producen el efecto de subir los precios en el mercado eléctrico, algo que pretende paliar el nuevo Real Decreto Ley debido a que se ha demostrado que el comportamiento de los agentes es el de trasladar el valor de esos derechos de emisión que han recibido gratuitamente.

Así, considera que el consumidor no puede sufrir un aumento de precio por algo que el Estado ha dado gratuitamente, en aplicación del Protocolo de Kioto, con lo que este Real Decreto Ley pretende paliar este efecto.

La cantidad que se restará de la retribución de las instalaciones de producción será equivalente al mayor ingreso obtenido por la internalización en las ofertas de venta del coste de los derechos de emisión asignados gratuitamente. Esta minoración será de aplicación a toda la energía vendida por cada instalación, independientemente de la modalidad de contratación empleada.

También será de aplicación a los titulares de cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario, cualquiera que sea su tecnología, en el territorio peninsular.

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