La Sanidad valenciana pagará 120.000 euros a la familia de una mujer que murió por no tratarle adecuadamente su enfermedad

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aumenta la indemnización fijada en 2003 por la Consejería de Sanidad.

La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar un total de 119.858,57 euros a la familia de una mujer que murió por no diagnosticarle y tratarle adecuadamente la enfermedad que padecía.

La sala estima así el recurso interpuesto por la familia contra la resolución de la Conselleria de 16 de mayo de 2003, que fijaba una indemnización de 90.889 euros para el esposo e hijos de la fallecida. En el recurso, la familia reclamaba la totalidad del pago, además de un plus de 2.358,51 euros para el hijo menor por los gastos del colegio privado al que asistió, y otros 18.000 por el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación al que debió someterse para curarse las secuelas.

La sala estima el primer punto, el de la indemnización total, al entender que la reparación de daños y perjuicios afecta a todos los daños alegados y probados, no sólo a los posibles intereses económicos o directamente valuables, sino a perjuicios de otra índole como las secuelas o el daño moral, o el denominado pretium doloris -comprende tanto el daño moral como los sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por los perjudicados-.

En cuanto al segundo punto, el plus de la indemnización, la sala lo desestima en base a un informe elaborado por el psiquiatra que evaluó al hijo menor, quien explicó que su depresión no se debió solamente al fallecimiento de su madre, sino también al segundo matrimonio de su padre y al posible consumo de drogas. La sala también tiene en cuenta el expediente escolar y los informes de los centros de enseñanza.

Asimismo, establece que el abono de los intereses legales que debe compensar el perjuicio por responsabilidad patrimonial de la Administración constituye, o bien una forma equilibrada de resarcimiento total al actualizar la deuda, o bien una indemnización complementaria por demora en el pago de una cantidad que debió satisfacerse en su día para reparar el perjuicio.

Sea de un modo u otro, la sala considera que la Administración, obligada al resarcimiento, deberá pagar el interés legal de las cantidades exigibles como principal desde que éstas fueron reclamadas por los familiares, hasta su completo pago, contabilizándose año por año conforme al interés del Banco de España según el tipo fijado.

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