El ministro de Cultura dice que si se elimina el canon, la copia privada sería ilegal

FACUA le replica que el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual no regula el derecho de copia privada, sino el de remuneración por la misma.

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha asegurado en una entrevista a la agencia EFE que si el Gobierno tuviera que suprimir el canon digital para buscar alternativas, como propone una enmienda aprobada por el Senado que el Congreso votará el jueves, el derecho de los ciudadanos a realizar una copia privada sin ánimo de lucro de una obra pasaría a estar prohibido y a ser sancionable.

"Si prosperara la votación del jueves tendríamos que suprimir la posibilidad de que los ciudadanos se hagan copia de las obras para su uso. Y este acto, tan asumido por nuestra conciencia ciudadana, pasaría a estar prohibido y ser, por tanto, sancionable", asegura el ministro.

FACUA-Consumidores en Acción advierte que el ministro se equivoca, entre otros motivos porque el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) no regula el derecho de copia privada, sino el de renumeración por la misma.

Es el artículo 31 de la LPI el que reconoce el derecho de copia "para uso privado del copista", "sin autorización del autor", siempre que "no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa". Una regulación que FACUA considera en cualquier caso insuficiente, ya que la norma no prohíbe los sistemas anticopia o limitadores de copias (DRM) utilizados por la industria y que pretenden impedir que los usuarios ejerzan su derecho de copia privada.

FACUA indica que lo que pretende la propuesta aprobada por el Senado –con el apoyo de todos los grupos salvo el socialista- y que el 20 de diciembre se debatirá en el Congreso es que se elimine la sistema establecido en el citado artículo de la LPI y que se busquen "fórmulas alternativas".

Asimismo, la asociación recuerda que la propuesta de los ministerios de Industria y Cultura podría haber mantenido o reducido los soportes afectados por el canon, ya que ninguna norma, española o europea, les obligaba a ampliar la lista.

FACUA añade que lo que debería defender el Gobierno, tanto en España como en las instituciones de la UE, es la eliminación del canon digital tal como está concebido, ya que es una fórmula obsoleta, injusta y arbitraria que presupone que el fin que el consumidor va a dar siempre a un soporte para almacenar de archivos es grabar obras protegidas por derechos de autor.

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